En declaraciones a Radio Rivadavia, que en Puerto Madryn se sintoniza en FM DEL VIENTO el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que las tarifas de electricidad y gas tendrán incrementos mensuales “un poquito mayores” que la inflación en los próximos meses, como parte de la estrategia oficial para reducir subsidios y dar mayor previsibilidad a los usuarios.
El nuevo esquema de Subsidio Energético Focalizado (SEF), que se aplica desde Enero del 2026, elimina la segmentación por ingresos altos, medios y bajos y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. El umbral para acceder al beneficio baja de 3,5 a 3 canastas básicas totales, lo que implica que parte de los hogares de ingresos medios perderán la bonificación. Según la Secretaría de Energía, serían unas 140.000 familias; la fundación FIEL estima cifras mayores: 500.000 usuarios de electricidad y 300.000 de gas.
El titular del Palacio de Hacienda explicó que el esquema busca una recomposición gradual de los precios de la energía, especialmente durante el invierno, cuando se combinan mayores niveles de consumo con el encarecimiento del gas importado. “La idea es evitar saltos bruscos en las facturas y que la gente pueda anticipar, mes a mes, cuánto va a pagar”, sostuvo.
Caputo señaló que mientras que los sectores de mayores ingresos y los grandes consumidores ya abonan el costo pleno del servicio. “Antes el subsidio era para todos, desde el NEA hasta Puerto Madero. Eso cambió: ahora es focalizado y progresivo”, afirmó.
En relación con los ajustes, el ministro remarcó que los aumentos levemente superiores a la inflación permiten reducir la volatilidad en las boletas y avanzar en la disminución de los subsidios energéticos, que el Gobierno considera insostenibles en el mediano y largo plazo.
Para el gas, el incremento promedio del 16,86% impactará en todas las categorías residenciales, con variaciones según zona geográfica y nivel de consumo. En el caso de la electricidad, la suba del 3,59% rige para el AMBA, mientras que en el interior del país los porcentajes dependerán de cada distribuidora y de los entes reguladores provinciales.
Algunos estudios señalan que » que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la energía eléctrica acumuló un incremento de alrededor del 344%, cifra que supera en más del doble el aumento general de precios y los salarios en el mismo período.»
Registro de Subsidios Energéticos Focalizados
A fines de enero, el Ejecutivo aprobó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que limita la asistencia estatal a los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), de acuerdo con datos del Indec. El objetivo es trasladar de manera gradual los costos reales de la energía, promover un uso más eficiente y garantizar un consumo básico protegido para los sectores más vulnerables.
Caputo fue explícito: como ya hubo una fuerte recomposición, los incrementos de tarifas deberían ser “un poquito” mayores que la inflación en cada mes.
Ese sendero de ajustes se explica, además, porque la cobertura de costos en los servicios públicos sigue siendo incompleta: hoy los usuarios residenciales pagan, en promedio, el 76% del costo de la energía eléctrica, el 61% del gas natural y el 32% del transporte, mientras que el agua ya alcanza el 100%, según estimaciones de la consultora Invecq.
La postergación del nuevo IPC —que incorporará ponderadores actualizados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y daría mayor peso a los servicios— generó fuertes críticas entre los economistas.
Incrementos de tarifarios anunciados por la Secretaría de Energía.
La Secretaría de Energía anunció aumentos desde febrero: en electricidad, un alza promedio de 3,59% en el AMBA; en gas, un incremento promedio nacional de 16,86%. Las subas responden a cuatro factores: la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, el ajuste automático por fórmula (IPIM + IPC), la aplicación del nuevo esquema de subsidios y la puesta en marcha de un precio de gas unificado durante todo el año.
Para los hogares de menores ingresos, los incrementos serán significativos. La consultora Economía y Energía calculó subas de 20% en electricidad y de 23% en gas en términos reales frente a las boletas de 2025, aunque con bonificaciones estacionales que atenúan el impacto en los meses de mayor consumo.
La lógica oficial es doble. Por un lado, reducir el peso de los subsidios —del 0,65% del PBI al 0,5%— y avanzar en una mayor cobertura del costo real del servicio, que en 2026 pasará en promedio del 55% actual al 76% en electricidad y al 79% en gas. Por otro, evitar picos estacionales que se trasladen de golpe al IPC. El “aplanamiento” tarifario busca previsibilidad: subas mensuales algo mayores que la inflación, pero sin sobresaltos en invierno.
“La marcha atrás con el cambio en la metodología tiene bajo impacto en la estimación de enero y febrero, entonces solo puede entenderse si contemplamos que en los meses siguientes el aumento en los servicios públicos va a ser bastante más pronunciado. En línea con la necesidad de seguir reduciendo el peso de los subsidios en el gasto cuando el ajuste en otras partidas encontró límites y la recaudación no repunta. A su vez, respecto al esquema de precios relativos que utiliza como referencia el equipo económico las tarifas de servicios públicos están dentro de los precios que aun siguen más lejos de su valor objetivo”, señaló Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica.
El dilema es evidente. Con una inflación proyectada por el Presupuesto 2026 en 10,1% anual —y una meta implícita de variaciones mensuales cercanas a cero hacia agosto—, el ajuste de tarifas por encima del IPC tensiona el relato oficial. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en cambio, prevé una inflación de 22,5% para 2026.
En su último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Banco Central (BCRA) explicó que el nuevo IPC reflejaría cambios significativos en los patrones de consumo, con un mayor peso de los servicios en detrimento de los bienes. Según el organismo, la actualización de los ponderadores implicaría que rubros como tarifas de servicios públicos, alquileres, expensas y otros precios regulados tengan una incidencia relativamente mayor en la medición de la inflación, mientras que alimentos y bienes durables perderán participación. En ese marco, el BCRA sostuvo que, si bien el nuevo índice modificaría la sensibilidad del IPC ante ciertos shocks de corto plazo, no debería alterar la tendencia inflacionaria de fondo, que seguirá dependiendo de la política monetaria y fiscal.
