El Congreso de la Nación inicia hoy el período de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, que se extenderán hasta el viernes 27 de febrero. El llamado fue formalizado mediante el Decreto 24/2026 y responde a la urgencia del Gobierno nacional por avanzar en un paquete de reformas estructurales antes del comienzo del período ordinario.
A diferencia de las sesiones comunes, durante las extraordinarias el Parlamento solo puede debatir los proyectos incluidos expresamente en el temario definido por el Poder Ejecutivo. En este contexto, el oficialismo busca acelerar el tratamiento de iniciativas clave para su programa de gobierno, en un escenario legislativo marcado por la fragmentación política y la necesidad de consensos.
Uno de los ejes centrales del temario es la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que apunta a fomentar el empleo formal y reducir la litigiosidad judicial en las relaciones laborales. Desde el oficialismo sostienen que el sistema actual se encuentra “desbalanceado” y genera incertidumbre para la inversión y la contratación en el sector privado.
Entre los puntos más relevantes, el proyecto propone la creación de un Fondo de Cese Laboral, similar al que rige en la industria de la construcción, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnizaciones por despido. Además, contempla la extensión de los períodos de prueba, la regulación de nuevas modalidades de remuneración y la habilitación legal para utilizar activos digitales o beneficios no remunerativos como parte del salario.
La iniciativa generó un fuerte rechazo por parte de los sindicatos, que advierten que la reforma implicaría una pérdida de derechos laborales y una mayor precarización del empleo. Desde el sector gremial señalan que el proyecto “quita protección a los trabajadores y amplía el poder de los empleadores”, mientras que el Gobierno insiste en que los cambios son necesarios para modernizar el mercado laboral.
Otro de los proyectos que concentrará la atención durante las extraordinarias es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. La propuesta establece un régimen penal juvenil específico, con penas máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves, y contempla mecanismos de justicia restaurativa o sanciones no privativas de la libertad para infracciones de menor gravedad.
De aprobarse, la iniciativa implicaría que adolescentes que actualmente son considerados no punibles puedan ser sometidos a procesos penales y recibir condenas efectivas. El Ejecutivo argumenta que la medida responde a una demanda social vinculada a la seguridad y al aumento de delitos violentos protagonizados por menores de edad.
Sin embargo, sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas cuestionan la efectividad de la baja de la imputabilidad sin una política integral de contención social, educación y prevención. Advierten que el endurecimiento penal no aborda las causas estructurales de la violencia juvenil y podría profundizar la exclusión.
