Estados Unidos y Argentina avanzan en negociaciones para establecer un mecanismo que permitiría la deportación de inmigrantes de terceros países hacia territorio argentino. El acuerdo, aún no cerrado, convertiría a la Argentina en un país receptor de personas expulsadas por Washington que no pueden ser devueltas a sus lugares de origen.
La información fue publicada este jueves por The New York Times, que citó a fuentes con conocimiento directo de las tratativas. De concretarse, el pacto implicaría que la administración de Donald Trump pueda trasladar a inmigrantes detenidos en Estados Unidos hacia la Argentina cuando existan obstáculos diplomáticos, políticos o administrativos para repatriarlos a sus países de nacionalidad.
Triangulación de deportados
Según el medio estadounidense, las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada y avanzan con rapidez, aunque todavía restan definiciones clave. La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia de deportación masiva impulsada por la Casa Blanca, orientada a desalentar los cruces irregulares y aliviar la presión sobre el sistema migratorio norteamericano mediante la derivación de migrantes a países considerados aliados.
Este tipo de acuerdos, conocidos como mecanismos de “tercer país seguro” o esquemas similares, suelen aplicarse a ciudadanos de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas limitadas o inexistentes. Además de su función operativa, cumplen un rol disuasorio frente a nuevos flujos migratorios.
El cálculo político del Gobierno argentino
Para la administración de Javier Milei, aceptar este esquema representaría un gesto político de alto impacto en su relación con Estados Unidos, reforzando el vínculo estratégico con Washington. No obstante, la posible firma del acuerdo expone una contradicción con el discurso oficial de endurecimiento de la política migratoria interna.
El propio New York Times subraya que estas negociaciones se desarrollan mientras el Gobierno argentino intensifica controles fronterizos y destaca cifras récord de expulsiones de inmigrantes en situación irregular, como parte de su narrativa de orden y seguridad.
La eventual implementación del acuerdo abriría un debate político y social en la Argentina, tanto por sus implicancias humanitarias como por el rol que el país asumiría en la política migratoria regional.
