Tras más de 25 años de negociaciones, una mayoría cualificada de países de la Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, durante una reunión de embajadores del bloque. La decisión se tomó pese al rechazo expresado por sectores agrícolas europeos y permitirá avanzar hacia la conformación de la mayor zona de libre comercio del mundo.
Con esta aprobación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar el próximo lunes a Asunción para firmar formalmente el acuerdo junto a los países del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. La firma estaba prevista inicialmente para la cumbre realizada en diciembre pasado en Foz do Iguaçu, Brasil, pero las diferencias internas dentro de la Unión Europea obligaron a postergarla.
El texto del acuerdo, que lleva más de un cuarto de siglo en negociación, apunta a profundizar el intercambio comercial entre ambos bloques. Sin embargo, ha generado fuertes divisiones dentro de Europa. Entre los principales detractores se encuentra Francia, que sostiene que el ingreso de productos sudamericanos, considerados más competitivos por sus costos de producción, podría afectar al mercado europeo debido a normas ambientales y productivas menos exigentes.
Respaldo y oposición
En contraposición, países como España y Alemania respaldaron el acuerdo al considerar que permitirá diversificar las oportunidades comerciales de la Unión Europea frente al avance de la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos. Italia, que en diciembre se había alineado con la postura francesa y había contribuido a bloquear el consenso, modificó su posición y destacó esta semana los “enormes beneficios” que traería el pacto.
Pese a la firma prevista en Asunción, el acuerdo no entrará en vigencia de manera inmediata. En el ámbito europeo, aún resta la aprobación del Parlamento Europeo, que deberá pronunciarse en las próximas semanas. El escenario allí es incierto, ya que alrededor de 150 eurodiputados, sobre un total de 720, advirtieron que podrían recurrir a la Justicia para impedir su aplicación.
