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Santa Cruz cerró un acuerdo con el Ejército para regularizar tierras en Río Gallegos tras 30 años de indefinición

Permitirá avanzar en la regularización de unas 60 hectáreas en Río Gallegos, otorgando seguridad jurídica y acceso al título de propiedad a más de 1.200 familias.

El Gobierno de Santa Cruz firmó un acuerdo con el Ejército Argentino para ordenar la situación de tierras en Río Gallegos. El entendimiento fue rubricado por el gobernador Claudio Vidal y representantes de la fuerza, encabezados por el coronel Massi Filippa, y pone fin a una prolongada indefinición que afectó a miles de vecinos.

El acuerdo alcanza a unas 60 hectáreas donde, desde la década de 1990, se desarrollaron barrios completos. En esos terrenos se construyeron viviendas, infraestructura básica y espacios comunitarios, pero las tierras continuaron bajo la órbita del Ejército, lo que impidió durante años que los ocupantes accedieran al título de propiedad.

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Según explicó el gobernador Vidal en su cuenta de X, el origen del problema se remonta a convenios firmados en 1995 que no se cumplieron en los términos previstos. “Se hicieron casas y barrios, pero nunca se resolvió la cuestión dominial. Más de 1.200 familias quedaron atrapadas durante décadas en una situación de incertidumbre, pese a haber cumplido con todas las exigencias”, señaló.

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La falta de definiciones no solo impactó en los vecinos directamente afectados, sino que también condicionó el desarrollo urbano de Río Gallegos. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que la ausencia de decisiones políticas generó desorden, dificultades de planificación y la acumulación de problemas estructurales en la ciudad.

Con la firma de la adenda al convenio de 2004, la Provincia queda ahora habilitada para avanzar de manera definitiva en la regularización dominial de esas hectáreas. Esto permitirá ordenar el uso del suelo, establecer reglas claras para el crecimiento urbano y, principalmente, garantizar seguridad jurídica a las familias que habitan la zona desde hace años.

“Estamos resolviendo un problema histórico que nadie quiso o pudo resolver”, afirmó Vidal, al remarcar que la medida implica “hacer justicia” con más de 1.200 familias que esperaron durante décadas una respuesta concreta del Estado.

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