El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó una movilización a la Plaza de Mayo para el 18 de diciembre. La central obrera define un plan de lucha gradual que busca rechazar y frenar los cambios propuestos por el Gobierno de Javier Milei en materia laboral, impulsando también acciones en las provincias y en la Justicia.
En una medida de fuerza que marca el inicio de una etapa de «resistencia» contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el Consejo Directivo de la central obrera tomó la decisión este jueves en su sede de Azopardo 802, donde se delineó un esquema de protesta que incluye acciones graduales y la búsqueda de consensos con otros actores sociales y políticos.
La propuesta de movilización fue impulsada por Jorge Sola (Seguros), uno de los cotitulares de la CGT, y respaldada por Andrés Rodríguez (UPCN), quien sugirió la Plaza de Mayo como epicentro, aunque inicialmente se barajó el Congreso. La central espera congregar a unos 150 mil manifestantes en la capital y buscará sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para robustecer la protesta en defensa del modelo sindical y los derechos laborales.
La estrategia definida por la CGT no se limitará únicamente a la calle. Se planea un abordaje en tres instancias:
- Medidas gremiales graduales.
- Acciones en la Justicia si la ley es aprobada.
- Acciones políticas en conjunto con Unión por la Patria y otros bloques.
La dirigencia sindical mantiene un rechazo total a la ley, argumentando que no generará empleo, sino que profundizará la precarización laboral. Además, critican que el proyecto fue presentado sin una mesa de diálogo con los sectores involucrados (trabajo e inversión).
La movilización nacional del 18 de diciembre será coordinada también en el interior del país. Para ello, se realizará un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT el próximo martes a las 18 horas, con el objetivo de organizar la protesta en todas las provincias, priorizando el impacto en la Patagonia y el resto del país.
La central obrera ha intensificado las reuniones con gobernadores y legisladores. El equipo legal de la CGT ya se encuentra analizando la norma para preparar la estrategia judicial, similar a la que lograron utilizar para frenar la aplicación de aspectos del DNU 70.
