El Poder Ejecutivo incluyó la eliminación total del Estatuto del Periodista Profesional dentro del proyecto de reforma laboral enviado este jueves al Congreso. La iniciativa, que figura en el artículo 194 del capítulo de “Derogaciones”, fue incorporada al texto firmado por el presidente Javier Milei tras su regreso de Oslo y ya generó un fuerte impacto entre asociaciones de prensa, sindicatos y empresas del sector.
El Estatuto del Periodista, establecido por la Ley 12.908, rige desde 1946 y constituye la normativa central que regula la actividad de los periodistas en relación de dependencia en Argentina. Su origen se remonta al decreto 7618/44, dictado durante un gobierno militar, y posteriormente ratificado como ley en diciembre de 1946, al inicio del primer mandato de Juan Domingo Perón.
Desde entonces, el estatuto definió las condiciones de trabajo, derechos, obligaciones y parámetros profesionales del ejercicio periodístico. Estableció categorías profesionales, requisitos de ingreso, tipos de contrato, licencias, así como reglas específicas para despidos e indemnizaciones. También incorporó garantías vinculadas a la práctica diaria, entre ellas la protección frente a sanciones arbitrarias, la estabilidad relativa y referencias explícitas a la libertad de expresión y pensamiento.
Con la derogación, todo ese esquema dejaría de tener vigencia y los trabajadores de prensa pasarían a regirse únicamente por la Ley de Contrato de Trabajo, sin un marco diferenciado para la actividad.
Qué implica la eliminación del estatuto
La propuesta oficial supone un cambio estructural en la regulación del trabajo periodístico. Según el proyecto enviado al Congreso, la derogación abarca tanto la ley original como todas las normas complementarias aprobadas en las últimas décadas.
De aprobarse, quedarían sin efecto aspectos históricos del régimen especial, como:
- Indemnizaciones agravadas
- Sistema de preaviso diferenciado
- Restricciones a suspensiones y despidos
- Pautas de estabilidad para situaciones excepcionales
- Criterios profesionales que organizaban la estructura interna en las empresas periodísticas
En la práctica, la actividad dejaría de tener reconocimiento como una labor con características y riesgos particulares, y perdería el marco protector que regía desde hace casi 80 años.
Reacciones: preocupación en el sector
Asociaciones de prensa, sindicatos y trabajadores advirtieron que la derogación podría traducirse en una mayor precariedad laboral, pérdida de derechos adquiridos y debilitamiento de las protecciones específicas para una actividad considerada de interés público. Algunas organizaciones anticipan reclamos y medidas de fuerza si la iniciativa avanza en el Congreso.
Desde el Gobierno, en cambio, la medida se enmarca dentro de un proceso más amplio de simplificación normativa y modernización de las relaciones laborales, uno de los ejes que el Ejecutivo impulsa desde el inicio de la gestión.
