La Policía Federal Argentina llevó adelante un amplio operativo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires tras una investigación iniciada en agosto, a partir de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Cecilia Icardona, con la secretaría del Dr. Mariano Barritta. La pesquisa, encomendada a la División Lavado de Activos de la PFA, apuntó a personas físicas y jurídicas denunciadas por ARCA en 2023 por presunta evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero.
El caso involucra a un reconocido corralón de materiales del corredor Canning – San Vicente, cuyos responsables habrían creado empresas fantasma para simular operaciones comerciales y eludir obligaciones tributarias. Según el análisis de los federales, el contribuyente investigado mostró un crecimiento económico notable en los últimos años, mientras que se identificó la estructura paralela de firmas ficticias, integradas por personas sin capacidad económica o de bajos recursos, utilizadas para maniobras de facturación apócrifa.
Los investigadores también detectaron marcadas irregularidades en el precio de venta declarado en los lotes de un emprendimiento inmobiliario dentro de un barrio cerrado de la zona, donde las cifras oficiales distaban del valor real de comercialización. A este esquema se sumaba una estación de servicio que pertenecía al grupo económico bajo investigación, pero figuraba formalmente a nombre de terceros o prestanombres.
De acuerdo con la pesquisa, las empresas ficticias eran fondeadas con depósitos en efectivo y transferencias cruzadas entre sí, simulando operaciones comerciales con el objetivo de disimular el origen del dinero e incorporarlo al sistema financiero con apariencia de legalidad.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis A. Armella y con la Secretaría Penal Nº5 del Dr. Augusto Peloso, ordenó 32 allanamientos en Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande, Avellaneda y otras localidades bonaerenses. Las medidas se centraron en las dos principales firmas ligadas al corralón denunciado por ARCA.
El operativo culminó con la detención de nueve personas —entre ellas, los principales investigados—, todos argentinos y mayores de edad. Además, se dispuso la clausura de los establecimientos comerciales vinculados al rubro de la construcción y se secuestraron 24 camiones, cinco vehículos, equipos electrónicos, 456 mil dólares, 200 euros, 138 mil pesos y abundante documentación considerada relevante para la causa.
