Los docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país inician este lunes 1º de diciembre un paro nacional de una semana, en protesta de la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795. Esta medida, que se extenderá hasta el sábado 6 de diciembre, fue definida durante el plenario de secretarías generales, luego de que el Gobierno nacional frenara la actualización salarial prevista para el 1º de julio de este año.
Según informó CONADU Histórica, la actualización contemplada por la ley representaba un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos. Sin embargo, esta recomposición fue suspendida mediante el decreto N.º 759/25, firmado por el presidente Javier Milei, lo que desató un fuerte reclamo en el sector.
Reclamos por salarios congelados y falta de paritarias
La federación denunció que, además de la “suspensión ilegal” de la actualización, los salarios docentes se encuentran prácticamente congelados, con recomposiciones que no alcanzan la línea de pobreza. A ello se suma un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la educativa, que —según remarcan— desatiende las demandas de las comunidades universitarias.
Por estos motivos, CONADU Histórica exige:
- La implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
- La urgente convocatoria a paritarias.
- Que el presupuesto 2026 contemple los recursos establecidos por la normativa.
“La lucha continúa. Universidad pública, siempre, con salarios dignos”, afirmó la federación en un comunicado difundido por la CTA Autónoma. El gremio recordó que tanto docentes como no docentes llevaron adelante un paro nacional de 72 horas entre el 12 y el 14 de noviembre, también en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la ley.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 fija una serie de instrumentos para garantizar el financiamiento de la universidad pública en todo el país. Entre sus puntos centrales, obliga al Poder Ejecutivo a asegurar recursos sostenidos para educación superior, incluyendo partidas específicas destinadas a:
- Programas de permanencia estudiantil.
- Formación docente e investigación.
- Obras de infraestructura universitaria.
La norma también contempla un mecanismo automático de actualización de los gastos de funcionamiento, basado en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro eje clave es la recomposición salarial de docentes y no docentes, a través de fondos adicionales para mejorar condiciones laborales, ampliar la oferta académica, fortalecer la extensión universitaria y modernizar equipamiento e infraestructura.
