La Asociación de Docentes Universitarios (ADU), en el marco de la CONADU Histórica, comenzó este miércoles un paro nacional de 72 horas en reclamo del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo por parte del Gobierno Nacional. La medida incluye distintas actividades de visibilización en las universidades y se extenderá durante tres días.
Juan Pablo Simonetti, secretario gremial de la ADU, habló con Canal 12 y explicó que el objetivo del paro es “poner en crítica el no cumplimiento de la ley de financiamiento educativo que el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó”. Según detalló, el reclamo central apunta a que se inicien las negociaciones paritarias tal como establece la norma y se actualicen los salarios tanto del personal docente como no docente.
Durante la semana, el gremio desarrollará diversas acciones para difundir los motivos de la protesta. “Hoy realizamos una conferencia de prensa para dialogar con los medios locales y un ruidazo en la universidad para que la comunidad sepa lo que estamos discutiendo: mayor presupuesto para las universidades, para la investigación, los salarios y la infraestructura”, señaló Simonetti. En ese sentido, advirtió que “las obras están paralizadas desde que asumió el Gobierno de Javier Milei”.
Además, el dirigente adelantó que este jueves se realizará una charla abierta sobre los proyectos de reforma laboral impulsados por el Gobierno Nacional, que calificó como “preocupantes”. “Algunos de esos proyectos plantean llevar la jornada laboral de 8 a 12 horas obligatorias. Por eso, junto al juez Pablo Koenig, vamos a debatir cómo debería pensarse una reforma laboral en este contexto”, explicó.
Consultado sobre las expectativas de la docencia universitaria frente a la falta de respuestas, Simonetti expresó que “la esperanza es lo último que se pierde”. “La expectativa es que el Gobierno Nacional acate la ley, como ya fue ordenado por la justicia. Desde la CONADU Histórica hemos judicializado la situación porque entendemos que el Ejecutivo actúa en rebeldía. Una vez que la ley entra en vigencia, tiene la obligación de cumplirla”, concluyó.
La medida de fuerza se enmarca en una serie de reclamos que atraviesan las universidades públicas del país, donde docentes, estudiantes y trabajadores insisten en la necesidad de garantizar el financiamiento, el sostenimiento de la educación pública y la dignidad salarial del sector.
