El proyecto del Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno nacional anticipa un ajuste en las políticas destinadas a VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). Según un informe técnico elaborado por organizaciones especializadas, el recorte afecta de manera directa al Programa 22 del Ministerio de Salud, área encargada de la compra de medicamentos, reactivos, preservativos y de estrategias preventivas clave como la PrEP y la PEP.
Las entidades advierten que la reducción presupuestaria contradice obligaciones establecidas por la ley 27.675, que garantiza el acceso integral a la salud para personas con VIH, hepatitis y otras ITS, y por el fallo Benghalensis, que impone al Estado la provisión continua de diagnóstico y tratamiento.
Un ajuste del 38% en dólares
Durante 2024, el programa ejecutó recursos equivalentes a 70,7 millones de dólares. Pero para 2026 la proyección cae a 43,6 millones, lo que representa una reducción del 38,31% en moneda dura. Dado que la mayoría de los medicamentos e insumos críticos se compran a laboratorios internacionales y se pagan en dólares, la caída presupuestaria acelera el impacto sobre la disponibilidad de tratamientos.
Una de las consecuencias más inmediatas es la eliminación de la compra de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (profilaxis posexposición), herramientas centrales de prevención del VIH recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Ambas están consagradas como derecho en la ley 27.675, con acceso gratuito y obligatorio en todo el sistema sanitario.
Caen las metas y se reducen los insumos esenciales
La Fundación Grupo Positivo (GEP) alerta que las metas sanitarias previstas para 2026 quedan por debajo de la demanda actual. Hoy, 79.170 personas con VIH reciben su medicación a través del sistema público; sin embargo, el presupuesto solo prevé asistencia para 71.500.
También se proyecta una disminución en los tratamientos de tuberculosis y hepatitis C, en la cantidad de pruebas de carga viral, en reactivos para sífilis y en preservativos. La compra de preservativos, por ejemplo, pasará de 38,4 millones de unidades en 2024 a apenas 15,5 millones en 2026.
Además, desaparece la producción de materiales educativos, fundamentales para la prevención, el trabajo territorial y el acompañamiento comunitario.
Organizaciones que trabajan en VIH y salud sexual vienen alertando desde hace meses sobre el impacto del ajuste en el Programa 22. Señalan que el recorte vulnera derechos, debilita estrategias de prevención y pone en riesgo la continuidad de tratamientos que deben ser garantizados por ley.
También advierten que un eventual proceso de descentralización de compras entre provincias fragmentaría aún más la respuesta sanitaria, incrementaría la desigualdad territorial y encarecería los costos.
PrEP, PEP y la importancia de la prevención
La exclusión de la PrEP del presupuesto nacional es uno de los puntos más críticos. Esta medicación preventiva está destinada a personas HIV negativas con prácticas de exposición frecuente, y forma parte de la llamada prevención combinada junto con el preservativo y el testeo. Su eliminación del esquema de compras podría dejar sin acceso a más de 11 mil personas que hoy dependen de ella.
La PEP, por su parte, es una herramienta de emergencia indispensable en guardias, situaciones de violencia sexual, accidentes laborales o exposiciones imprevistas. Sin presupuesto para su compra, se vería afectada la capacidad de respuesta inmediata del sistema de salud.
El escenario, advierten, podría traducirse en un retroceso sanitario con impacto directo en miles de personas en todo el país.
