La Justicia federal investiga contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovalivker, durante la administración de Javier Milei. El fiscal Franco Picardi analiza posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, reconstruye la posible ruta de pagos ilegales a funcionarios.
Según fuentes judiciales, desde comienzos de 2024 se firmaron centenares de contratos para la provisión de medicamentos, que en conjunto superarían los 55.000 millones de pesos. La documentación secuestrada incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios que habrían favorecido de manera recurrente a Suizo Argentina, controlada por Eduardo Kovalivker y actualmente manejada por sus hijos, Emmanuel y Jonathan.
El fiscal Picardi trabaja sobre dos líneas de investigación: posibles irregularidades en las contrataciones públicas, con adjudicaciones direccionadas y precios por encima del mercado, y un circuito paralelo de sobornos destinado a garantizar negocios con el Estado. De confirmarse, ambas hipótesis quedarían directamente vinculadas.
La denuncia penal incluye a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo (ex titular de ANDIS) y Eduardo Kovalivker. Se les imputa cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública. La causa se originó tras la filtración de audios de Spagnuolo, en los que se mencionan a Lule Menem y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
A medida que avanza la investigación, la Justicia busca determinar la magnitud del presunto esquema de corrupción y las responsabilidades de los altos funcionarios involucrados, mientras la mirada se centra en la familia Kovalivker y su vínculo con la ANDIS.
