La designación de las tres licencias provinciales de pesca para flota amarilla, establecidas por la Ley IX N° 157, podría enfrentar un revés legal.
La reglamentación de los nuevos incisos del Artículo 34 el pasado 29 de mayo, mediante el Decreto N° 595, creó la comisión “ad hoc” encargada de analizar los proyectos pesqueros.
Sin embargo, la disposición, publicada en Boletín Oficial el 5 de junio, fue posterior a la convocatoria de empresas y a la cuestionada comisión, que ya estaba conformada desde mediados de febrero.
Fuentes consultadas señalan que si la Secretaría de Pesca procede a la firma de los permisos, algo que sería inminente en las próximas horas, sin realizar una convocatoria posterior, el proceso administrativo podría ser declarado nulo y estar sujeto a revisión judicial.
El inciso 1.1 del mencionado artículo establece la creación de la comisión ad hoc, conformada en este caso por la autoridad de aplicación, CAPIP, CAFACh, STIA, SICONARA, la Cámara de Empresas Pesqueras del Golfo San Jorge y la Asociación de Pescadores Artesanales de Rawson.
El Decreto, que reglamenta los nuevos incisos de la Ley de Pesca, no lograría remediar la convocatoria a proyectos realizada previamente, sin contar con una reglamentación vigente en ese momento.
Ante esta situación, existen dos posibles vías: la “nulidad absoluta” del proceso -advierten- o una “nueva convocatoria” para presentar proyectos, esta vez bajo las nuevas reglas impuestas.
