En Argentina, 87 personas fueron asesinadas por violencia de género en solo cuatro meses. Así lo indica el último relevamiento del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que contabilizó 74 femicidios de mujeres y niñas, 4 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026.
El informe, difundido en el marco del 1° de mayo, expone una realidad alarmante: 97 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 62% son menores de edad, lo que evidencia el fuerte impacto social de estos crímenes. Además, el 59% de los agresores eran parejas o exparejas, confirmando que el ámbito más peligroso para una mujer en situación de violencia continúa siendo su propio hogar, donde ocurrió el 72% de los casos.
Si bien los hechos se distribuyen en todo el país, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de femicidios, seguida por Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, en términos absolutos.
El documento también advierte sobre 172 intentos de femicidio en seguimiento, lo que refuerza la gravedad del fenómeno. Un dato especialmente preocupante es que el 17% de las víctimas había realizado denuncias previas, lo que, según el Observatorio, demuestra que las medidas de protección y la respuesta judicial resultaron insuficientes, permitiendo que los agresores continuaran actuando.
En ese contexto, desde la organización señalaron que la falta de acceso a la Justicia es una de las principales problemáticas que enfrentan las víctimas, y que el temor a no ser escuchadas o protegidas sigue siendo una barrera para denunciar.
A partir de este diagnóstico, el Observatorio expresó su rechazo a iniciativas como el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada sobre “falsas denuncias”. Consideran que este tipo de propuestas podría generar aún más miedo en las víctimas, al instalar la posibilidad de ser cuestionadas o incluso denunciadas, lo que derivaría en menos denuncias y mayor riesgo para quienes atraviesan situaciones de violencia.
El informe también incorpora datos que profundizan la preocupación, como la existencia de víctimas que ya habían denunciado previamente a sus agresores, casos en los que había medidas cautelares vigentes que no evitaron los crímenes, y situaciones vinculadas a abuso sexual, narcocriminalidad o contextos de especial vulnerabilidad, incluyendo mujeres migrantes y una víctima embarazada. Además, se registró que varios agresores se suicidaron tras cometer los hechos.
Desde el Observatorio insistieron en que la violencia de género debe ser abordada como una cuestión de derechos humanos, con políticas públicas integrales y un sistema judicial que garantice protección efectiva.
El documento concluye con un fuerte mensaje: “No naturalicemos las violencias. Detrás de cada víctima hay muchas más afectadas”.
