Blindar la agenda provincial no implica hablar únicamente de desarrollo. También obliga a hacerse cargo de los problemas que más impactan en la vida cotidiana. De hecho, hay semanas en las que la inseguridad parece explicarse por sí sola. Pero hay otras en las que los hechos obligan a correr la mirada del delincuente para poner el foco sobre el Estado. No alcanza con preguntarse quién cometió el delito. También hay que preguntarse qué hizo —o qué dejó de hacer— el sistema para que esa persona estuviera en condiciones de volver a poner en riesgo a la sociedad.
En menos de veinticuatro horas, Chubut ofreció dos escenas distintas con un mismo hilo conductor: personas condenadas por la Justicia que, por diferentes razones, nunca debieron haber tenido la oportunidad de volver a delinquir.
Primero fue la fuga de Kevin Agustín «Oreja» Quiroga del Instituto Penitenciario Provincial. No hizo falta un motín, ni una toma de rehenes, ni un plan de película. Bastó una falla en la custodia. Una puerta mal vigilada y un condenado por robos agravados caminando hacia la calle. Tan simple como inquietante.
Después llegó el intento de asalto a una joyería de Trelew que terminó con la muerte de Marcos Dip. Tenía 22 años, pero ya arrastraba una condena de cuatro años por robo agravado y gozaba de un beneficio que le permitía permanecer fuera del establecimiento penitenciario. La secuencia terminó de la peor manera: un comerciante obligado a defender su vida y un delincuente muerto en un hecho que, probablemente, nunca habría ocurrido si el sistema hubiera cerrado todas las puertas que debía cerrar.
No corresponde convertir una columna periodística en una sentencia judicial. Cada expediente tiene matices que sólo conocen quienes lo tramitaron. Cada juez fundamenta sus resoluciones sobre elementos concretos. Pero la política no puede desentenderse del resultado de esas decisiones. Porque cuando un condenado reincide, el debate deja de ser exclusivamente jurídico para transformarse en un problema institucional.
La sociedad no analiza expedientes. Evalúa consecuencias. Y las consecuencias de la última semana son difíciles de relativizar: un condenado escapó de la principal unidad penitenciaria provincial por una negligencia operativa; otro, beneficiado por el propio sistema de ejecución penal, terminó protagonizando un violento asalto.
Para el ciudadano no existen compartimentos administrativos. No distingue si la responsabilidad es de los policías de la cárcel, de un juez de ejecución o de un funcionario del Poder Ejecutivo. Lo que observa es si el sistema funciona. Y cuando una puerta queda abierta en el penal y otra se abre mediante un beneficio penitenciario que termina en tragedia, la sensación es que el Estado, por distintos caminos, terminó fallando dos veces.
Y cuando parecía que el debate ya estaba instalado, otro episodio volvió a poner a la Justicia en el centro de la escena. Mientras la provincia discutía una fuga y las consecuencias de un beneficio penitenciario, los internos del Instituto Penitenciario Provincial y de la Alcaidía de Trelew iniciaron una huelga para reclamar una mejora en las viandas. Hasta allí, el planteo puede encuadrarse dentro de los derechos que asisten a cualquier persona privada de la libertad.
Lo llamativo llegó después. El juez Marcelo Nieto Di Biase ordenó al Gobierno provincial que, en un plazo de 72 horas, incorporara más carne roja y alimentos ricos en proteínas a la dieta de los detenidos.
Nadie discute que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de detención. Tampoco que existan internos con necesidades alimentarias específicas por razones de salud. Lo que genera ruido es el contraste. En una provincia donde miles de familias ajustan el consumo de carne por la pérdida del poder adquisitivo, donde comedores escolares y comunitarios hacen equilibrio para sostener la demanda, la imagen que queda instalada es la de un sistema judicial que responde con una velocidad inusual cuando el reclamo proviene de quienes cumplen una condena.
El problema, otra vez, no es estrictamente jurídico. Es político e institucional. Porque la confianza en la Justicia también se construye sobre la percepción de sus prioridades. Y cuando en una misma semana la sociedad ve escapar a un preso por una falla de custodia, presencia un asalto cometido por un condenado que gozaba de beneficios y, casi en simultáneo, observa que un juez fija un ultimátum para mejorar el menú de los internos, el mensaje que recibe es contradictorio.
La Justicia debe proteger derechos, incluso los de quienes están privados de la libertad. Pero también necesita preservar algo igual de valioso: la confianza pública. Y esa confianza empieza a resquebrajarse cuando la ciudadanía percibe que el sistema parece reaccionar con mayor eficacia para atender los reclamos de los delincuentes que para evitar que vuelvan a delinquir.
Porque cuando el Estado abre una puerta que nunca debió abrirse, los que quedan expuestos del otro lado son siempre los mismos.
Torres quiere provincializar la agenda política de Chubut
Con tanta reunión en Casa Rosada, de tanto escudriñar los coqueteos libertarios y del PRO, Ignacio Torres hizo una “pausa de hidratación”. Aunque en el nachismo están convencidos que habrá, al menos, un pacto de no agresión con el mileísmo duro para las elecciones del 2027, concluyeron que Karina Milei -ejecutora de los acuerdos políticos del Gobierno- no tendrá definiciones hasta el año que viene.
La actualidad nacional es una montaña rusa por el estilo propio del presidente Javier Milei. Y muchos, incluso integrantes del Gobierno, creen que los frenos están fallados. Varios gobernadores habían sido invitados a subirse, pero prefirieron mirar desde abajo y esperar otra vuelta.
Frente a esa incertidumbre, Torres tomó una decisión política: dejar de esperar definiciones de Buenos Aires y empezar a construir una agenda donde Chubut sea el único centro de gravedad.
Los armadores del frente Despierta Chubut siguen apostando a una disputa de dos para las elecciones provinciales del año que viene, que van a ser desdobladas de las nacionales. Es decir, la fórmula encabezada por Torres (y posiblemente la actual intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, como vice), disputando nuevamente la Gobernación con el peronismo de Juan Pablo Luque y Dante Bowen.
Los libertarios la dejarían pasar en el primer turno para jugar todo a octubre con Javier Milei lanzado a la reelección. La explicación es sencilla: para La Libertad Avanza la elección verdaderamente importante seguirá siendo la nacional. Una pelea provincial con pocas chances de triunfo podría terminar desgastando un sello que buscará llegar fortalecido a octubre.
Claro que, si ese acuerdo no se cerrara, el actual diputado nacional César Treffinger tiene el esquema preparado. Incluso hay un menú de opciones para completar la fórmula de Gobernador y Vice, que seguramente contará con genética radical. La madrynense Vanesa Peruzotti tiene grandes chances.
Como se verá, absolutamente nada puede darse por cerrado, aunque sí hay claros indicios de cuáles terminarán siendo los actores principales de la contienda electoral para el año que viene en Chubut.
Pero en el orden nacional todo es más complejo. Por eso, el gobernador Torres prefiere blindar la agenda y la política con las cuestiones netamente concernientes a Chubut. Ya lo hizo en su momento Mario Das Neves conteniendo dentro de los límites provinciales un proyecto político que se abstraía de los debates con lógica porteña. De hecho, hasta al peronismo le sirve concentrarse en el armado distrital sin tanta influencia de quienes les definieron siempre las listas desde Buenos Aires.
La agenda provincial
En esa definición de una agenda blindada de la que busca imponer la Casa Rosada, Torres logra meter alguna cuña en grietas que le aparecen al poder central. La discusión por la futura concesión de la represa Futaleufú es el mejor ejemplo. Mientras en Buenos Aires el Gobierno nacional libra una batalla política diaria que cambia de eje con la velocidad de las redes sociales, en Chubut el gobernador eligió dar una pelea no tan estridente, pero de enorme peso estratégico: instalar que la próxima concesión no puede decidirse sin la provincia.
Claramente no es un tema menor y tampoco casual. Futaleufú, con una prórroga en su concesión hasta diciembre de este año, sintetiza una vieja discusión entre el poder central y las provincias: quién administra la riqueza y quién se queda con los beneficios. Torres decidió pararse sobre un argumento difícil de refutar: si la Constitución Nacional dice que los recursos naturales pertenecen a las provincias, el agua que mueve las turbinas también. Y, por lo tanto, el poder concedente debería ser provincial.
La jugada tiene varias lecturas. La primera es institucional. La segunda, política. La tercera, electoral. Porque mientras Nación necesita sostener una buena relación con los gobernadores para atravesar un Congreso cada vez más complejo, Chubut encontró una ventana para plantear una reivindicación histórica sin romper el vínculo con la Casa Rosada. No hay discursos de barricada, sí una mesa de negociación. Es decir que alguien ya consiguió mover el tablero.
Torres sabe que no se trata solamente de discutir quién firma el próximo contrato. Lo que está en juego es quién define el modelo de desarrollo de los próximos treinta años. Si Futaleufú además de seguir generando energía para la producción, se convierte en una herramienta para atraer otras industrias, tecnología, empleo e inversiones a Chubut, como así también brindar beneficios a las localidades cercanas.
La coincidencia, además, no deja de ser llamativa. Desde la oposición, Juan Pablo Luque también puso el foco sobre Futaleufú con un proyecto para que la nueva concesión deje beneficios concretos para la provincia. En tiempos de polarización permanente, no abundan los temas donde oficialismo y oposición terminan mirando el mismo mapa, aunque recorran caminos distintos para llegar. Está claro, el Gobernador busca instalar un tema donde incluso la oposición se ve obligada a acompañarlo.
Quizás por eso Torres eligió acelerar el debate ahora y no cuando la licitación ya esté sobre la mesa. Sabe que las discusiones importantes no empiezan el día que se firman los contratos, sino mucho antes, cuando todavía hay margen para fijar posiciones. Y también entiende que, en un país donde casi todo gira alrededor de las disputas nacionales, defender un recurso estratégico de Chubut tiene más rédito político que sumarse al ruido cotidiano de Buenos Aires.
En definitiva, mientras en la Casa Rosada todavía nadie se anima a escribir el libreto electoral del 2027, en Chubut ya comenzó otra discusión. Mucho menos estridente, pero bastante más trascendente: quién tendrá la llave de uno de los activos energéticos más importantes de la Patagonia cuando llegue el momento de abrir la próxima puerta.
