Marco Antonio “El Karateca” Álvarez se entregó voluntariamente durante la madrugada de este miércoles y quedó detenido luego de que la Cámara Penal de Puerto Madryn confirmara su responsabilidad en el homicidio de Fabián Acuña y estableciera una pena de 12 años de prisión. El hombre se presentó a las 5.35 en la Comisaría Tercera de la ciudad y quedó a disposición de la Justicia.
La detención marca un nuevo capítulo en una causa que comenzó con un asesinato cometido a plena velocidad, siguió con una investigación que reunió una extensa cadena de indicios y atravesó distintas instancias judiciales. Acuña fue asesinado de cinco disparos el 18 de enero de 2021, dentro del gimnasio Tupac Gym, en Madryn.
Cuatro años después, el expediente volvió a poner a Álvarez en el centro de la escena. La Cámara Penal, luego de revisar nuevamente el caso por orden del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, volvió a establecer su responsabilidad penal, aunque redujo la pena respecto de la condena original.
Cinco disparos dentro del gimnasio
La noche del 18 de enero de 2021, Fabián Acuña, de 54 años, se encontraba en el Tupac Gym cuando un hombre ingresó al establecimiento con casco, lentes, guantes y el rostro cubierto.
Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia. El atacante llegó en una motocicleta, ingresó al gimnasio y, según la reconstrucción realizada durante la investigación, disparó cinco veces contra Acuña. Luego escapó rápidamente en la misma motocicleta.
La víctima fue trasladada de urgencia, pero las heridas eran demasiado graves y murió poco después. El episodio generó una fuerte conmoción en Puerto Madryn y abrió una investigación encabezada por el fiscal Alex Williams.
El asesino había intentado cubrir prácticamente todos los elementos que pudieran permitir su identificación. Sin embargo, las cámaras habían captado detalles que terminarían siendo determinantes. Uno de ellos estaba en su ropa.
El pantalón que terminó siendo una pista clave
En las imágenes aparecía un hombre de contextura atlética, vestido con ropa deportiva. Pero había un detalle particular: un pantalón negro con letras orientales vinculadas al jiu-jitsu.
Los investigadores comenzaron a comparar las imágenes del atacante con fotografías de personas vinculadas al ambiente de las artes marciales. Así llegaron hasta Álvarez, que era profesor de jiu-jitsu y había tenido relación con el gimnasio de Acuña.
Las fotografías encontradas en redes sociales mostraban a Álvarez utilizando el mismo pantalón y zapatillas similares a las que aparecían en las filmaciones. A esa coincidencia se sumaron otros elementos de la investigación, entre ellos testimonios y análisis de telefonía y dispositivos electrónicos.
Pero la investigación todavía necesitaba explicar algo fundamental: qué relación existía entre el hombre que aparecía en las cámaras y la víctima. Y allí apareció una deuda.
Una deuda y una relación que terminó mal
Álvarez y Acuña no eran desconocidos. El “Karateca” había sido profesor de jiu-jitsu en el gimnasio de la víctima y ambos habían mantenido una relación previa.
La investigación reconstruyó además un conflicto económico relacionado con la venta de una camioneta. Según la acusación, Acuña mantenía una deuda de $250.000 con Álvarez, una situación que había generado un fuerte enfrentamiento entre ambos.
Durante la pesquisa apareció incluso una planilla en la que figuraba el nombre de Acuña entre los deudores. Para los investigadores, ese dato permitió darle contenido a una hipótesis que hasta entonces se apoyaba principalmente en indicios: el crimen podía haber sido consecuencia de un conflicto económico que se había prolongado en el tiempo.
La evidencia comenzó a formar un entramado cada vez más difícil de separar.
Las cámaras, los testigos y el casco blanco
Las cámaras de seguridad fueron una de las principales herramientas de la investigación. Registraron al atacante antes y después del homicidio y permitieron reconstruir sus movimientos.
También aparecieron testigos que dijeron haber visto a Álvarez poco después del crimen con prendas que coincidían con las observadas en las imágenes del gimnasio.
Otro elemento importante fue un casco blanco. Según la investigación, el atacante había intentado desprenderse de él durante su huida. Tiempo después, perros rastreadores permitieron localizarlo en una zona cercana a donde uno de los testigos había visto a Álvarez.
La pesquisa también detectó movimientos llamativos en dispositivos electrónicos y en el sistema de cámaras de seguridad de la vivienda de Álvarez. Los investigadores sostuvieron que había intentado eliminar información que pudiera comprometerlo.
La Fiscalía construyó así una acusación basada no en una única prueba, sino en una sucesión de indicios que, considerados en conjunto, apuntaban hacia el mismo hombre.
Una condena, una absolución y otra vez a prisión
El primer juicio terminó en 2023, cuando Álvarez fue condenado a 17 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el caso no terminó allí.
La Cámara Penal posteriormente revocó aquella condena y absolvió a Álvarez por el beneficio de la duda, lo que permitió su liberación. La Fiscalía impugnó esa decisión ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
En marzo de 2026, el máximo tribunal provincial hizo lugar al planteo fiscal, dejó sin efecto la absolución y ordenó que el caso fuera sometido a una nueva revisión.
El nuevo análisis volvió a colocar a Álvarez como responsable del homicidio. Esta vez, la Cámara Penal estableció una pena de 12 años de prisión.
Con la nueva condena, la Fiscalía pidió su inmediata detención. La búsqueda, sin embargo, duró poco.
Durante la madrugada de este miércoles, Álvarez decidió presentarse por sus propios medios ante la Policía. A las 5.35, llegó a la Comisaría Tercera de Puerto Madryn, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia para comenzar a cumplir la pena impuesta. El fiscal Alex Williams confirmó la entrega. En las próximas horas se realizará la audiencia correspondiente.
