El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut presentó este martes los resultados de la auditoría realizada sobre el funcionamiento del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, una intervención dispuesta tras el caso de Ángel, el niño de 4 años cuya guarda generó una fuerte repercusión pública. La evaluación no revisó ese expediente en particular, sino que analizó el desempeño general del organismo a través del estudio de más de 30 expedientes, la organización del trabajo y la articulación con el resto del sistema de protección de derechos.
Los resultados fueron presentados durante una conferencia de prensa encabezada por la jueza María Marta Nieto, quien condujo durante los últimos 60 días el proceso de intervención dispuesto por el máximo tribunal provincial mediante el Acuerdo Plenario N° 5659/2026.
La magistrada explicó que el funcionamiento de los equipos técnicos no puede evaluarse de manera aislada, ya que forman parte de un sistema integrado por los juzgados de Familia, los Servicios de Protección de Derechos, las Oficinas de Adopción y otros organismos estatales encargados de la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

La auditoría descartó falta de recursos
Uno de los principales resultados del informe fue que las dificultades detectadas no obedecen a una falta de personal, infraestructura o equipamiento.
Según detalló Nieto, en los últimos tres años el ETI incorporó vehículos oficiales, dispositivos móviles para guardias, conectividad y fortaleció su estructura de trabajo, por lo que las deficiencias observadas responden principalmente a cuestiones organizativas y procedimentales.
Actualmente el organismo cuenta con ocho trabajadoras sociales, ocho psicólogas y un administrativo, y recibe en promedio unas 130 solicitudes de intervención por mes.
Demoras, agendas saturadas y problemas de coordinación
Durante la auditoría se analizaron más de 30 expedientes para identificar posibles fallas en la gestión de los casos.
Entre los principales problemas detectados figura la demora en la asignación de entrevistas, incluso en situaciones de violencia familiar con medidas judiciales vigentes, donde en algunos casos los turnos se otorgaban a largo plazo, retrasando la intervención del equipo técnico.
También se observó que existían superposiciones entre las funciones del ETI y otros organismos del sistema de protección, situación que generaba duplicación de tareas y dilaciones innecesarias en el abordaje de los conflictos.
A ello se suma un elevado nivel de ausentismo en las entrevistas. El informe determinó que el 35,26% de los turnos otorgados no llegan a concretarse, lo que provoca un importante desgaste operativo y reduce la disponibilidad para atender nuevos casos.
Además, la auditoría advirtió que los juzgados solicitan con frecuencia actualizaciones de informes técnicos sobre los mismos grupos familiares, lo que también termina saturando las agendas del ETI y limita la atención de nuevas intervenciones.
Las medidas que ordenó el Superior Tribunal
A partir de las conclusiones de la auditoría, el STJ dispuso la implementación de una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del organismo.
Entre ellas se encuentran la puesta en marcha de un protocolo obligatorio de confirmación previa de turnos para reducir el ausentismo, la reorganización de las agendas para evitar demoras, la elaboración de una guía de buenas prácticas y una delimitación más clara de las competencias entre el ETI y el resto de los organismos que integran el sistema de protección de derechos.
Asimismo, se avanzará en la automatización de distintos procesos administrativos mediante el sistema judicial Machi y se impulsará una mayor articulación con los juzgados de Familia para agilizar la circulación de la información y evitar duplicación de intervenciones.
Más protagonismo de los jueces
Las recomendaciones también alcanzan a los juzgados de Familia. La auditoría planteó la necesidad de reforzar la presencia de los magistrados en los expedientes para evitar la automatización de requerimientos y la delegación excesiva de decisiones en los equipos técnicos.
Además, se advirtió que una misma problemática familiar suele derivar en varios expedientes —como alimentos, régimen de comunicación o violencia familiar—, lo que fragmenta la información y dificulta un abordaje integral de cada caso.
Un sistema “mejorable”
Durante la presentación del informe, Nieto reconoció que el sistema “no está funcionando bien y es mejorable” y sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un funcionamiento más ágil y con un trato más humanizado para las personas que recurren a la Justicia.
En ese sentido, informó que también se instruyó a los operadores judiciales a profundizar las capacitaciones con una perspectiva amplia de vulnerabilidad, incorporando herramientas para abordar casos que involucren a niños, personas con discapacidad y adultos mayores, además de la perspectiva de género.
Finalmente, la magistrada recomendó dar por concluida la intervención extraordinaria sobre el ETI de Comodoro Rivadavia y trasladar el seguimiento de las mejoras a la Coordinación Provincial de los Equipos Técnicos y a los mecanismos ordinarios de control del Poder Judicial.














