El nuevo esquema de financiamiento impulsado por el Gobierno nacional busca atraer inversión privada para ampliar la red de transporte eléctrico sin recurrir a aportes directos del Estado. En ese marco, avanza la audiencia pública del Corredor Patagónico, una infraestructura estratégica para integrar la generación de la Patagonia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico marca un cambio de paradigma en la ejecución de obras de transmisión en Argentina. No habrá ningún financiamento del estado y las nuevas ampliaciones serán desarrolladas mediante un régimen de concesión con participación del sector privado, cuyo costo sera asumido a través de la denominada Tarifa COP (Concesión de Obra Pública), que será abonada por los usuarios que se beneficien de estas ampliaciones.
La iniciativa apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella del sistema eléctrico argentino: la insuficiente capacidad de transporte para acompañar el crecimiento de la demanda y permitir la incorporación de nuevos proyectos de generación, especialmente de energías renovables en el caso de la Patagonia según la creciente expectativa en el sector.
Modelo de financiamiento para las obras
El esquema regulatorio fue establecido por la Resolución 83/2026 del Ministerio de Economía, que aprobó el nuevo régimen para las ampliaciones del sistema de transporte eléctrico mediante el denominado modelo de Concesión de Obra Pública por Peaje (COP).
Bajo este mecanismo:
–las obras serán licitadas mediante concursos nacionales e internacionales;
-el concesionario privado asumirá el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento;
-la inversión se recuperará mediante un cargo específico asociado al uso de la infraestructura;
-el recupero comenzará únicamente cuando la obra esté terminada y habilitada para prestar servicio.
Uno de los puntos centrales del esquema es el mecanismo de remuneración. Las empresas adjudicatarias percibirán ingresos mensuales por la inversión realizada, además de una tarifa adicional vinculada a la operación y mantenimiento de las instalaciones.
A su vez, se crea una nueva categoría tarifaria, denominada Tarifa COP, que será abonada por los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que se beneficien de estas ampliaciones.
La normativa también establece que los pagos asociados a estas obras tendrán prioridad dentro del sistema de liquidación del mercado eléctrico, reduciendo el riesgo de incumplimientos y facilitando el acceso al financiamiento.
El nuevo régimen también establece que las ampliaciones deberán obtener previamente el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP), requisito indispensable para avanzar con la licitación y construcción de cada proyecto. En caso de existir oposiciones fundadas, el ENRE deberá convocar a una audiencia pública antes de emitir el certificado correspondiente, lo que en caso del Corredor Patagónico / Sur será el 29 de Julio próximio con la posibilidad de seguir la transmisión desde el Punto Digital de Puerto Madryn y Youtube.
Una obra estratégica para las inversiones energéticas
El Corredor Patagónico posee una importancia que trasciende el abastecimiento eléctrico.
Actualmente, gran parte de la Patagonia dispone de un enorme potencial para incorporar nuevos parques eólicos, proyectos solares, desarrollos de hidrógeno de bajas emisiones, industrias electrointensivas y emprendimientos vinculados al petróleo y gas.Sin embargo, la limitada capacidad de transporte constituye uno de los principales factores que restringen nuevas inversiones.
La nueva línea de 500 kV permitirá:
aumentar la capacidad de evacuación de energía renovable;
reducir congestiones en la red de transmisión;
mejorar la estabilidad operativa del sistema;
habilitar nuevas inversiones privadas en generación eléctrica;
fortalecer el abastecimiento para los polos industriales de la región.
En términos energéticos, la obra es considerada una de las intervenciones estructurales más relevantes para la Patagonia de las próximas décadas.
El procedimiento regulatorio
La convocatoria a la audiencia pública se desarrolla conforme al procedimiento previsto por la Resolución ENRE 219/2026, que regula el tratamiento de las solicitudes de ampliación del sistema de transporte eléctrico y el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública. La normativa establece la publicidad del proyecto, el acceso a la documentación técnica, la participación de ciudadanos, empresas y organizaciones interesadas, y la posterior elaboración del informe de cierre por parte del organismo regulador.
Una vez cumplida esa instancia y emitido el CCyNP, la Secretaría de Energía podrá avanzar con la licitación nacional e internacional bajo el nuevo esquema concesionado previsto por la Resolución 83/2026.
