El gobernador Ignacio Torres volvió a poner en debate el funcionamiento del sistema judicial y cuestionó el accionar de algunos magistrados frente a casos de delincuentes reincidentes, al advertir que determinadas decisiones terminan generando “frustración” en la sociedad y afectan la prevención del delito.
Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo Inteligente de Trelew, donde el mandatario se refirió al operativo antidrogas desarrollado en Comodoro Rivadavia y vinculó la lucha contra el narcotráfico con la necesidad de una mayor articulación entre las fuerzas de seguridad, el Gobierno y la Justicia.
Torres cuestionó las críticas que recibió tras sus recientes declaraciones sobre el desempeño de algunos integrantes del Poder Judicial y aseguró que continuará expresándose públicamente cuando considere que existen decisiones equivocadas.
“Yo lo voy a seguir diciendo como gobernador y como vecino de Trelew. Si veo que un juez actúa mal o ejerce su rol más como un sindicato de presos que como alguien que tiene que velar por la justicia, lo voy a decir”, afirmó.
El gobernador sostuvo que los funcionarios públicos están expuestos y deben responder por sus actos, pero planteó que los jueces también deberían estar sometidos a un mayor nivel de evaluación social.
“Nosotros vivimos expuestos, ponemos la cara y nos hacemos cargo de las cosas buenas y malas. Hay jueces que desde el anonimato hacen barbaridades y nadie los juzga”, expresó.
Críticas al garantismo y a la reincidencia
En ese marco, Torres apuntó contra lo que definió como una “doctrina garantista” que, según su mirada, durante años colocó al delincuente en un lugar de víctima.
“En una época en Argentina una doctrina garantista con Zaffaroni a la cabeza buscaba poner al delincuente en el lugar de víctima, con una narrativa de que comete un delito porque tuvo un trauma en su infancia”, sostuvo.
El mandatario aclaró que no cuestiona la posibilidad de reinserción social de quienes cumplen una condena, pero remarcó que la prioridad debe ser proteger a quienes cumplen la ley.
“El que comete un delito tiene que ir preso inmediatamente. Después, por supuesto, hay que trabajar en la reinserción, pero primero hay que garantizar la seguridad de los chubutenses de bien”, afirmó.
El operativo antidroga en Comodoro y el reclamo judicial
Torres vinculó sus cuestionamientos con el operativo realizado en Comodoro Rivadavia, donde la Policía secuestró una importante cantidad de droga, valuada —según indicó— en más de 2.000 millones de pesos.
El gobernador sostuvo que detrás de la investigación hay familias vinculadas históricamente al narcotráfico y aseguró que se continúa trabajando para identificar financistas y redes logísticas.
“Estamos hablando de familias que vienen delinquiendo hace décadas. Muchas veces es frustrante ver que una persona que cometió delitos graves vuelve a estar en libertad en pocos años y reincide”, manifestó.
Además, destacó el trabajo conjunto con la Justicia Federal, Prefectura y fuerzas de seguridad para avanzar sobre la estructura económica de las organizaciones.
“Ya sabemos quiénes están trabajando con esta mafia desde Buenos Aires y desde La Plata. Esperamos que la respuesta judicial sea ejemplificadora”, señaló.
“El problema no es la Justicia, son algunos jueces”
Ante la consulta sobre sus críticas al Poder Judicial, Torres aclaró que su cuestionamiento no está dirigido a toda la Justicia sino a determinados magistrados. “El problema no es la Justicia, son algunos jueces”, afirmó.
En ese sentido, insistió en que las decisiones judiciales tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana y reclamó que exista mayor transparencia sobre los procesos que determinan la libertad o la prisión de personas acusadas de delitos graves.
“Tenemos derecho a saber quién es responsable de haber dejado suelto a un violador, a un asesino o a un narcotraficante que después vuelve a delinquir”, expresó.
Finalmente, sostuvo que continuará planteando sus diferencias cuando considere que una resolución judicial pone en riesgo la seguridad pública.
“Cada vez que vea algo que no me guste, lo voy a decir. No como amenaza, sino porque creo que socialmente tenemos que saber cómo funciona el sistema, desde que una persona es detenida hasta que se define una condena”, concluyó.
