El Gobierno del Chubut dio un paso en la reconfiguración del esquema de administración de los recursos pesqueros con la presentación del Proyecto de Ley N° 005/2026, una iniciativa que propone modificar artículos centrales de la Ley IX N° 157 –Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable– e incorporar un nuevo capítulo dedicado al Régimen de Ficha Limpia Pesquera.
El proyecto ingresó a la Legislatura provincial el pasado viernes 20 de febrero. La iniciativa lleva la firma del gobernador Ignacio Torres y del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y desde su presentación comenzó a generar un intenso debate tanto dentro del ámbito legislativo como en el corazón del empresariado pesquero.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a modernizar el marco normativo, fortalecer los controles, garantizar la transparencia y ordenar un sistema que en los últimos años evidenció irregularidades graves, como inactividad injustificada de permisos, incumplimientos contractuales, maniobras irregulares y conductas tipificadas en materia fiscal.
En la exposición de motivos, el proyecto subraya que la pesca es uno de los pilares económicos del Chubut y un recurso natural de dominio público, cuya explotación debe regirse por principios de legalidad, integridad y transparencia. Bajo esta premisa, se busca que el acceso a permisos, cuotas de captura y habilitaciones esté reservado a actores que cumplan con sus obligaciones fiscales y cuenten con antecedentes compatibles con el interés público.
La iniciativa propone modificaciones sustanciales en los artículos vinculados a suspensión, caducidad e inactividad de permisos, al tiempo que crea un sistema integral de control previo mediante la incorporación del Régimen de Ficha Limpia Pesquera, que condiciona el otorgamiento, renovación y transferencia de autorizaciones al cumplimiento de estrictos requisitos fiscales, administrativos y judiciales.
Caducidad automática y control de la inactividad
Uno de los ejes centrales del proyecto es el endurecimiento de las causales de caducidad automática. El nuevo artículo 35 establece que los permisos y autorizaciones de pesca caducarán sin más trámite cuando los buques pertenezcan a empresas o grupos empresarios que sean declarados en quiebra o incurran en causales graves previstas en la normativa.
A su vez, el artículo 45 redefine el régimen de inactividad de los permisos, obligando a los armadores y titulares a justificar formalmente cualquier período sin actividad extractiva cuando las condiciones estén dadas para operar. La autoridad de aplicación deberá evaluar de manera fundada las razones invocadas, y deja en claro que no se aceptarán excusas derivadas del propio incumplimiento del permisionario.
Este punto apunta directamente a una práctica reiterada en el sector: la retención de permisos sin actividad real, que distorsiona el sistema, reduce la producción efectiva y afecta la generación de empleo.
Más facultades para suspender y dar de baja permisos
La reforma también amplía y precisa las causales de suspensión de permisos, incorporando nuevos supuestos como la falta de pago de aranceles, multas firmes, incumplimientos contractuales, acumulación de infracciones, negativa a inspecciones y la falta de libre deuda ante la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH).
En paralelo, el artículo 56 redefine las causales de caducidad definitiva, incorporando expresamente la defraudación fiscal dolosa, la reiteración de omisiones fiscales culposas, la inactividad injustificada y el incumplimiento grave de normas de seguridad que pongan en riesgo a la tripulación.
De esta manera, el Ejecutivo se reserva herramientas contundentes para intervenir en la operatoria del sector, suspendiendo o dando de baja permisos cuando se verifiquen conductas contrarias al interés público.
Nace el Régimen de Ficha Limpia Pesquera
El núcleo más innovador y políticamente sensible del proyecto es la creación del Capítulo XVI: Ficha Limpia Pesquera, que introduce un sistema obligatorio de verificación de antecedentes para todos los actores que pretendan acceder o mantener permisos y autorizaciones.
Este régimen establece que no podrán ser titulares de permisos quienes estén condenados por delitos dolosos, ni aquellos involucrados en defraudaciones fiscales deliberadas, siempre que las sanciones se encuentren firmes en sede administrativa o judicial. En el caso de personas jurídicas, los controles alcanzan a directores, administradores, representantes legales y socios con más del 20% del capital social.
La Secretaría de Pesca deberá constatar esta información de manera previa a cualquier otorgamiento, renovación o transferencia, recurriendo a registros provinciales, nacionales e internacionales, cruzando datos con otros organismos y realizando auditorías e inspecciones.
Un registro público y digital
Como complemento, el proyecto crea el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera, de carácter público, gratuito y digital, donde se consignará el historial completo de permisos vigentes, suspensiones, caducidades, sanciones y multas firmes.
Este instrumento busca garantizar transparencia plena, permitiendo el acceso ciudadano a la información sobre quiénes explotan el recurso pesquero, bajo qué condiciones y con qué antecedentes.
Desde el Ejecutivo sostienen que el proyecto apunta a sanear el sistema, erradicar prácticas que perjudican el desarrollo económico y la recaudación provincial, y fortalecer la confianza en el sector formal. «El objetivo final es asegurar que la explotación de los recursos marinos continúe siendo sostenible, competitiva y socialmente responsable«.
