La fiscalía española y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) iniciaron actuaciones y diligencias de investigación contra TikTok en España en noviembre de 2026, luego de que la fundación Maldita.es descubriera la circulación masiva de material de abuso sexual infantil dentro de la red social. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargó las pesquisas a la fiscal de sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, tras recibir el material probatorio aportado por los denunciantes. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la decisión de «gran noticia» y señaló que «se acabó la impunidad en las redes sociales».
El informe de Maldita.es y el rol del algoritmo
La investigación realizada por la Fundación Maldita.es entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2026 reveló que la plataforma albergaba más de 1.000 videos de abuso sexual infantil —con un acumulado superior a 48 millones de visualizaciones— y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos. El informe advirtió que el buscador y los algoritmos de recomendación de TikTok funcionaban facilitando el acceso a este contenido ilícito. Ante esta situación, el Gobierno español solicitó a la AEPD evaluar la paralización excepcional de la actividad de la plataforma, recordando que la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC) es la autoridad competente en la Unión Europea debido a que la empresa tiene su centro de operaciones en Irlanda.
Respuesta de la plataforma y medidas adoptadas
Frente a las denuncias, portavoces de TikTok afirmaron haber tomado medidas inmediatas para identificar, eliminar el contenido infractor y reportarlo al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). La compañía sostuvo que el material de abuso sexual infantil está prohibido y que colaborará estrechamente con la AEPD y las autoridades competentes. A partir del 10 de noviembre, la red social comenzó a limitar a nivel global la búsqueda de determinados términos utilizados para hallar estos materiales.
Canales de denuncia y marco legal
En Argentina, la producción, tenencia y distribución de material vinculado con el abuso sexual infantil contempla penas de hasta 8 años de prisión según el Código Penal. Para denunciar la circulación de este tipo de contenidos en entornos digitales, las vías disponibles incluyen a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), el portal de Grooming Argentina y la Línea 137 para la atención de casos de violencia familiar, sexual y grooming.
