Este martes, el Banco Central (BCRA) oficializó que la tasa de interés de las tarjetas de crédito para emisoras no financieras será del 72,56%. La normativa, publicada a través del Boletín Oficial, establece el marco regulatorio para préstamos personales y saldos financiados en plásticos emitidos por entidades que no son bancos, tales como cadenas de retail o supermercados.
La medida se formalizó mediante la Comunicación “B” 13096/2025. El nuevo valor servirá como techo para las operaciones de crédito correspondientes a la información de diciembre de 2025, impactando directamente en los resúmenes que los usuarios recibirán para el ciclo de facturación de enero de 2026.
Nueva tasa de interés tarjetas de crédito para 2026
El ajuste dispuesto por la autoridad monetaria se aplica a préstamos personales de moneda nacional sin garantía real. Según la normativa vigente, este cálculo utiliza como referencia el promedio del sistema financiero, garantizando que las emisoras no bancarias no apliquen cargos desproporcionados a sus clientes.
Este límite es fundamental para los consumidores locales que utilizan tarjetas de compra de comercios regionales o cadenas nacionales. Al fijar un tope de 72,56%, el BCRA busca que el costo del financiamiento al consumo se mantenga alineado con los parámetros del sistema financiero formal, evitando abusos en los intereses por saldos financiados.
Regulación para entidades no financieras
El control del organismo sobre las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y compra (ENFE) responde al punto 2.1.2 de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”. Esta estructura permite que el usuario tenga mayor previsibilidad sobre cuánto deberá pagar si decide no cancelar el total de su resumen mensual.
En un contexto de alta demanda de financiamiento para compras de artículos para el hogar o vestimenta, la publicación de estas tasas oficiales otorga transparencia al mercado. La Justicia y el BCRA mantienen este seguimiento para asegurar que las tasas aplicadas no superen los promedios establecidos, protegiendo así el poder adquisitivo de los ciudadanos.
