Una decena de allanamientos en distintos puntos de Puerto Madryn ser realizaron este lunes a primera hora de la mañana, en el marco de una investigación por la comercialización ilegal de pirotecnia, una práctica prohibida por la normativa vigente. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia contravencional y coordinados por el Ministerio Público Fiscal junto a la Policía del Chubut.
El fiscal general de Puerto Madryn, Álex Williams, explicó a Canal 12 que la causa se originó a partir de la detección de ofrecimientos clandestinos realizados principalmente a través de redes sociales, una modalidad que se repite año tras año pese a las prohibiciones establecidas.
“Se estableció la seria sospecha de que se estaba comercializando pirotecnia de manera ilegal, fundamentalmente mediante redes sociales, que es la forma habitual de ofrecimiento, comunicación y contacto”, indicó el fiscal.
Investigación previa y trabajo de campo
La investigación fue llevada adelante de manera conjunta con la DPI, a partir de tareas de vigilancia discreta, relevamiento de domicilios y seguimiento de los movimientos vinculados a la venta clandestina.
“El trabajo de campo permitió corroborar que efectivamente esta comercialización se estaba realizando. Con esa información, el día sábado se solicitaron los allanamientos correspondientes, con intervención de la jueza doctora Yamila Flores, y hoy por la mañana se concretaron”, explicó.
Como resultado de los procedimientos, en todos los domicilios allanados se halló material vinculado a la venta ilegal de pirotecnia sonora, confirmando las sospechas iniciales de la investigación.
Una práctica prohibida
El fiscal remarcó que estas conductas transgreden el Código de Convivencia, en el capítulo específico que prohíbe tanto la utilización como la comercialización de pirotecnia sonora en la ciudad.
“Esta normativa fue legislada con un objetivo muy claro: la protección de los animales, teniendo en cuenta el sufrimiento que provoca la pirotecnia sonora. Al verificarse la transgresión de esta norma, se dispusieron los allanamientos y los secuestros”, sostuvo Williams.
En ese sentido, destacó el rol de diversas organizaciones sociales y proteccionistas que impulsan y acompañan el cumplimiento efectivo de la ordenanza.
Un fenómeno difícil de erradicar
Williams reconoció que se trata de un fenómeno complejo, que se renueva constantemente y obliga a repetir las tareas investigativas.
“Es un universo difícil de abarcar en su totalidad. Siempre queda algún remanente porque se renuevan los vendedores clandestinos, cambian los medios de transporte y vuelve a iniciarse la investigación. Estas personas quedan vinculadas a un proceso contravencional que continúa independientemente del secuestro”, explicó.
Aunque no se registraron personas detenidas —ya que la calificación legal no lo permite—, todos los involucrados quedaron sujetos a un proceso contravencional, con las sanciones correspondientes.
Controles en la terminal
El fiscal también hizo referencia a los controles que se realizan sobre el sistema de paquetería y encomiendas en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, donde en varias oportunidades se detectó el envío de este tipo de mercadería.
“El personal policial que controla el sistema de encomiendas, mediante escáner, ha detectado envíos masivos de este tipo de pirotecnia que fueron secuestrados. Esa es una de las vías de ingreso, pero no la única, porque evidentemente algunas personas logran eludir los controles”, señaló.
Además, advirtió sobre el alto riesgo que implica el almacenamiento precario de estos productos en domicilios particulares.
“Son componentes peligrosos. Se transportan y almacenan en condiciones sumamente precarias, lo que puede provocar explosiones o incendios. El riesgo es muy alto para quienes los tienen acopiados”, alertó.
Destino final del material secuestrado
Respecto al destino de la pirotecnia incautada, Williams explicó que el procedimiento incluye varias etapas; el secuestro, la pericia técnica y finalmente la destrucción controlada.
“Primero se secuestra el material, luego se realizan las prácticas periciales para corroborar qué tipo de elemento es y sus características. Una vez confirmado, se da la orden para la destrucción, que se lleva a cabo por personal especializado en explosivos, mediante un sistema totalmente controlado”, concluyó.
