El Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresó su enérgico rechazo a la Ley de Reforma Laboral y lanzó una severa advertencia sobre el desarrollo del ciclo lectivo 2026, al señalar que el normal dictado de clases se encuentra comprometido en un contexto de fuerte ajuste presupuestario, salarios deteriorados e incertidumbre creciente en el sistema universitario.
La postura fue definida tras una reunión realizada en la sede de CONADU, donde las organizaciones gremiales que integran el frente consensuaron una estrategia común frente a lo que consideran un escenario crítico para la educación superior pública.
“Ante el ajuste y la incertidumbre que atraviesan los trabajadores de las Universidades Nacionales, el Frente Sindical se reunió para dar una señal clara: la universidad pública no se abandona ni se negocia”, manifestaron en un comunicado conjunto.
En ese marco, remarcaron la urgencia de implementar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2024, cuyo cumplimiento permanece judicializado tras la apelación presentada por el Poder Ejecutivo. “Reafirmamos la necesidad urgente de implementar la Ley de Financiamiento Universitario. Sin presupuesto no hay planificación. Sin salarios dignos no hay educación de calidad. Sin financiamiento, lo que está en juego es el futuro”, enfatizaron.
Los gremios también alertaron sobre el impacto directo que la reforma laboral podría tener sobre la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de las casas de estudio. “Frente a la precarización y el vaciamiento, construimos unidad, coordinación y una posición común para defender la universidad pública, gratuita y de calidad. Porque no es un reclamo sectorial: es la defensa de un derecho social”, agregaron.
Extensión de sesiones y nuevo proyecto
En paralelo al endurecimiento de la postura sindical, el Gobierno nacional resolvió extender el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el sábado 28 de febrero y sumar al temario el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de compensar el reclamo presupuestario del sistema universitario.
Según fuentes oficiales, el decreto que contempla estas determinaciones será firmado en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes. La iniciativa busca atenuar el conflicto con las autoridades universitarias, que reclaman una actualización urgente de las partidas para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones.
La decisión del Ejecutivo llega luego de la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la aplicación obligatoria de la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. Aunque la norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, el Congreso logró ratificarla, lo que profundizó el conflicto político y judicial.
Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votada en el recinto, en Casa Rosada sostienen que existen antecedentes de incorporación de proyectos por vía administrativa, sin necesidad de un acuerdo parlamentario formal.
El decreto también formalizará la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias para ordenar el ajustado calendario legislativo y cumplir con la norma que establece la necesidad de un mínimo de diez días para la emisión de dictámenes.
