El Gobierno de Santa Cruz endureció su postura contra PATAGONIA RESOURCES S.A. y advirtió que podría revertir el acuerdo firmado y quitarle el área concesionada si la empresa no cumple de manera inmediata con las obligaciones laborales, contractuales y de inversión asumidas con la Provincia.
La definición fue ratificada durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y el ministro de Trabajo, Juan Mata, donde el Ejecutivo provincial sostuvo que mantendrá una posición “firme e irrevocable” frente a los incumplimientos denunciados.
Santa Cruz exigió el traspaso de trabajadores
Uno de los principales reclamos del Gobierno provincial apunta al traspaso de trabajadores de AESA hacia PATAGONIA RESOURCES S.A., algo que, según remarcaron oficialmente, forma parte de los acuerdos firmados entre la empresa, la Provincia y los gremios petroleros.
Desde la administración santacruceña señalaron que se trata de “una obligación jurídica exigible” y advirtieron que el incumplimiento “no es una opción”.
En ese marco, el Gobierno aseguró que, si la empresa mantiene esta postura, avanzará “sin dilación” en la reversión del acuerdo y en la quita del área concesionada utilizando todas las herramientas legales disponibles.
Reclaman inversiones y reactivación de equipos
Otro de los puntos planteados por el Ejecutivo fue la presentación urgente de un plan de inversión y reactivación productiva.
La Provincia exigió que PATAGONIA RESOURCES S.A. informe un cronograma para el levantamiento de equipos y la puesta en funcionamiento de perforadores ante las autoridades provinciales y los gremios del sector.
Según indicaron, la política energética de Santa Cruz tiene como ejes centrales la generación de empleo, la producción y el cumplimiento de las inversiones comprometidas por las empresas concesionarias.
“Ninguna empresa concesionaria puede sustraerse de estas obligaciones sin consecuencias”, remarcaron desde el Gobierno provincial.
Iniciaron un sumario administrativo
Además, el Ministerio de Trabajo notificó formalmente a PATAGONIA RESOURCES S.A. y a AESA sobre la apertura de un sumario administrativo por presunta obstrucción al proceso de conciliación obligatoria y violación a la paz social.
Desde la cartera laboral señalaron que ambas situaciones son consideradas infracciones graves y podrían derivar en sanciones severas previstas por la normativa vigente.
“Los acuerdos se cumplen”
Finalmente, el Gobierno provincial sostuvo que cuenta con las herramientas jurídicas e institucionales necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas que operan sobre recursos naturales de Santa Cruz.
“No habrá margen de tolerancia frente a conductas que afecten los derechos de los trabajadores, alteren la paz social o incumplan los planes de inversión”, indicaron desde el Ejecutivo.
