La investigación por conexiones clandestinas de energía eléctrica en Puerto Madryn sumó nuevos avances luego de los allanamientos realizados por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) y técnicos de Servicoop en distintos puntos de la ciudad.
Según confirmó el funcionario fiscal del Ministerio Público Fiscal, Gastón Alcucero, la causa se inició a partir de una denuncia presentada por el presidente de la cooperativa eléctrica, Esteban Abel, luego de que cuadrillas encargadas del control de la red detectaran posibles irregularidades en varios domicilios.
Tras las verificaciones correspondientes, los investigadores determinaron que cinco de los seis inmuebles denunciados tenían conexiones irregulares, motivo por el cual se solicitaron órdenes de allanamiento para avanzar con la recolección de pruebas.
“No es una falta administrativa, es un delito”
Al explicar el alcance de la investigación, Alcucero remarcó que las conexiones clandestinas no solo representan una infracción a las normas de prestación del servicio, sino que pueden constituir un delito previsto por el Código Penal.
“Estaríamos en presencia del hurto de energía eléctrica”, sostuvo el funcionario judicial.
En ese sentido, explicó que la doctrina jurídica considera a la energía eléctrica como un bien susceptible de apropiación ilegítima, por lo que la figura aplicable es la de hurto. “La pena prevista para este delito va de un mes a dos años de prisión”, precisó.
No obstante, aclaró que actualmente se trata de una investigación preliminar y que todavía no existen imputaciones formales contra los involucrados.
Viviendas y comercios bajo investigación
De acuerdo con los datos reunidos por la Fiscalía y la DPI, entre los inmuebles inspeccionados hay tanto viviendas particulares como locales comerciales.
Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de Puerto Madryn, incluyendo barrios residenciales, zonas comerciales y sectores populares.
Alcucero señaló que las irregularidades detectadas presentan diferentes modalidades. Algunas consistían en conexiones directas a la red eléctrica, otras carecían de medidores y en ciertos casos se habrían utilizado sistemas de bypass para evitar el registro del consumo.
Un riesgo para toda la comunidad
Más allá de la cuestión penal, desde la Fiscalía remarcaron que este tipo de instalaciones representan un importante peligro para quienes las realizan y para terceros.
“No implica solamente una irregularidad administrativa, sino también un gran riesgo para quien realiza la conexión y para el resto de los vecinos”, indicó Alcucero.
Además, explicó que estas instalaciones no cuentan con estudios técnicos ni factibilidad aprobada por la cooperativa, lo que puede generar sobrecargas, accidentes eléctricos e inconvenientes en la prestación del servicio.
Asimismo, destacó que las conexiones clandestinas terminan afectando al conjunto de los usuarios, ya que incorporan consumos no previstos dentro del sistema de distribución.
