La investigación por el violento asalto a la farmacia Gutiérrez de Trelew, que ocurrió en febrero de 2024, dio un giro en las últimas horas luego de que el tribunal colegiado interviniente se declarara incompetente para llevar adelante el juicio y dispusiera que el debate se realice mediante el sistema de juicio por jurados, tal como lo establece la Ley XV N°30 para delitos cuya escala penal supera los 14 años de prisión.
La resolución, adoptada el 18 de febrero de 2026 por unanimidad por las juezas Anahí Eve Ponce y Mirta Moreno, y el juez Gustavo Castro, respondió a un planteo formulado por el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal general Julieta Gamarra, quien solicitó la aplicación obligatoria del procedimiento de jurados populares.
La causa había sido radicada originalmente ante un tribunal técnico colegiado debido a la presencia de imputados menores de edad, quienes no pueden ser juzgados por jurados. En ese contexto, durante septiembre de 2025 se realizó la audiencia preliminar respecto de dos menores y el expediente fue elevado a juicio bajo esa modalidad. Sin embargo, el 16 de enero ambos imputados celebraron acuerdos de juicio abreviado, que fueron homologados por la jueza penal María Tolomei, quedando definitivamente excluidos del debate.
A partir de ese momento, la totalidad de los imputados que permanecen sometidos a proceso son mayores de edad. Para la fiscalía, esta modificación sustancial del escenario procesal dejó sin sustento la excepción que había permitido la intervención de un tribunal técnico, ya que no existe conflicto alguno entre regímenes procesales ni razones de economía que justifiquen evitar el juicio por jurados.
En su resolución, el tribunal sostuvo que se encuentran en juego normas de orden público que resultan indisponibles para las partes y los jueces, y recordó que el artículo 2 de la Ley XV N°30 establece el carácter obligatorio e irrenunciable del juicio por jurados para todos los delitos cuya pena máxima prevista supere los 14 años de prisión.
En ese marco, señaló que los hechos investigados ocurrieron cuando la ley ya se encontraba vigente y que la calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal prevé penas que superan ampliamente ese umbral, por lo que corresponde aplicar sin excepción el sistema de jurados populares.
Por unanimidad, el tribunal resolvió declararse incompetente para intervenir en la etapa de juicio y ordenó dar intervención a la Oficina Judicial de Trelew para que designe juez técnico, resuelva las cuestiones pendientes y ponga en marcha el procedimiento de juicio por jurados, conforme al régimen legal vigente.
La acusación fiscal sostiene que el domingo 4 de febrero de 2024, cerca de las 14, al menos seis hombres armados ingresaron a la farmacia portando armas de fuego y una maza de grandes dimensiones. Una vez dentro, maniataron de pies y manos a dos empleadas del comercio y se apoderaron de 26 mil dólares, cuatro millones de pesos y sobres con dinero correspondiente a la recaudación diaria. En el exterior, al menos una persona aguardaba dentro de un vehículo, asegurando la zona para facilitar la huida tras consumar el robo.
La investigación permitió además vincular a los imputados con otros hechos delictivos, entre ellos robos de vehículos y un violento asalto perpetrado el 16 de abril del mismo año en la metalúrgica León, también en Trelew, lo que agravó sustancialmente el cuadro penal.
De acuerdo con la acusación formulada por la fiscal general Julieta Gamarra, Darío Martín H. está imputado por robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda mediante el uso de arma de fuego apta para el disparo, en calidad de coautor.
Mauro Alejandro C. enfrenta cargos por robo doblemente agravado, tentativa de robo agravado, dos hechos de encubrimiento y robo agravado como partícipe necesario en el asalto a la metalúrgica León. Alexander Adam S. está acusado por robo doblemente agravado y tentativa de robo agravado, todo en concurso real. En tanto, Gisella Magali S. fue imputada por dos hechos de encubrimiento agravado y por robo agravado en poblado y en banda con uso de arma de fuego, en calidad de partícipe necesaria.
En la audiencia preliminar, la Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Mauro Alejandro y Alexander, a pedido del Ministerio Público Fiscal, al considerar la gravedad de los hechos, los antecedentes de ambos imputados y la elevada expectativa de pena, factores que configuran un concreto peligro de fuga.
