La Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) expresó una fuerte preocupación por la reforma de la Ley de Glaciares, en el marco de las audiencias públicas por el expediente 0072–S-2025. Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el procurador general de Santa Fe y presidente del organismo, Jorge Alberto Barraguirre, sostuvo que el proyecto en debate vulnera principios constitucionales y representa un retroceso en la protección ambiental.
La discusión se desarrolló en la Sala 2 del Anexo C del Congreso, donde se analizan las modificaciones a la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. En ese contexto, Barraguirre advirtió que la iniciativa —que ya cuenta con media sanción del Senado— desarticula el esquema de resguardo uniforme vigente en todo el país.
El titular de la RAFA apuntó específicamente contra los artículos 3, 4, 6 y 8 del proyecto, al considerar que introducen criterios que subordinan el conocimiento técnico y científico a decisiones políticas de cada jurisdicción. Según explicó, esto habilitaría que cada provincia adopte parámetros distintos, lo que rompería la coherencia del sistema ambiental nacional.
“Este modelo desmonta el esquema vigente y resulta incongruente con el bloque de constitucionalidad ambiental”, afirmó durante su intervención. En esa línea, alertó que la reforma podría dar lugar a prácticas de “dumping ambiental”, en las que distintas jurisdicciones compitan por atraer inversiones mediante la reducción de exigencias en materia de protección.
Desde la Red de Fiscalías señalaron además que la iniciativa implica una regresión en tres aspectos clave: la pérdida de uniformidad en los presupuestos mínimos, el debilitamiento del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta estratégica y la flexibilización de actividades actualmente prohibidas en zonas protegidas.
Como alternativa, Barraguirre recordó que la RAFA presentó un documento técnico, respaldado por más del 70% de sus integrantes, en el que proponen avanzar hacia un modelo de gestión inspirado en la Ley 25.612 de residuos industriales, con criterios más integrales y sostenibles.
Al cierre de su exposición, el procurador instó a los legisladores a priorizar una normativa que garantice la protección de los recursos naturales a largo plazo. “Ojalá podamos hacer la mejor ley para nosotros y para las generaciones futuras”, concluyó.
