La Justicia de Rawson resolvió rechazar el pedido de un hombre condenado a ocho años de prisión por abuso sexual que buscaba reducir en 14 meses el tiempo de su condena mediante la acreditación de una serie de cursos virtuales realizados durante su detención.
En el marco de un incidente de ejecución de pena, la defensa oficial solicitó que el interno pudiera acceder a los beneficios previstos en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, argumentando que había completado 15 capacitaciones a distancia sobre distintos oficios y habilidades.
Sin embargo, la jueza de Ejecución Karina Breckle hizo lugar solo de manera parcial al planteo y resolvió reducir la condena en un mes, al reconocer únicamente la finalización de los estudios secundarios mientras cumple la pena.
La Fiscalía cuestionó el alcance de los cursos
Durante la audiencia, la funcionaria de la Fiscalía de Rawson, Analía Acuña, se opuso a que las capacitaciones fueran computadas como parte del régimen de estímulo educativo.
Entre los cursos presentados por la defensa figuraban capacitaciones sobre gestión operativa de servicios de alojamiento, seguridad vial, fotografía, herramientas de Google Drive, cultivo hidropónico, peluquería y barbería masculina, además de otros vinculados con construcción de azudes, elaboración de confituras y distintas actividades.
La defensa sostuvo que ese conjunto de certificaciones justificaba una reducción de 14 meses de la pena.
La comparación que utilizó la Fiscalía
Durante su exposición, Acuña cuestionó la pretensión de la defensa mediante una comparación con las carreras universitarias contempladas por el régimen de estímulo educativo.
«Una persona que estudió una carrera como medicina, ingeniería o abogacía, que demandan cinco o más años de formación intensiva, obtiene una reducción máxima de nueve meses de pena. No puede pretenderse una reducción de 14 meses por cursos aislados realizados en un período mucho más breve», sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
Ese razonamiento fue compartido por la magistrada, que finalmente descartó computar las capacitaciones presentadas y limitó el beneficio exclusivamente a la finalización del nivel secundario.
