La jueza de garantías Laura Martini resolvió que el caso por el hurto de una bicicleta ocurrido en Rawson en noviembre de 2024 avance hacia un juicio oral o, eventualmente, un juicio abreviado. El imputado, identificado por sus iniciales como J.E., ya cuenta con una condena en suspenso y actualmente se encuentra internado en un centro de rehabilitación de adicciones de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.
Durante la audiencia, el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill sostuvo que las tareas de investigación y las pruebas reunidas permiten continuar con el proceso penal por el delito de hurto. En ese marco, planteó una pretensión punitiva de un año de prisión de efectivo cumplimiento, considerando el antecedente que pesa sobre el acusado.
El hecho investigado ocurrió el 28 de noviembre de 2024, en una vivienda ubicada sobre la calle Facundo Quiroga al 500, en el barrio Policial de Rawson.
Según la acusación, minutos después de las 6 de la mañana el imputado habría ingresado al patio de la vivienda y sustraído una bicicleta rodado 29 de color naranja, que se encontraba junto a una motocicleta.
La propietaria advirtió posteriormente el faltante y realizó la denuncia correspondiente. A partir de allí comenzó una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del domicilio.
De acuerdo con la Fiscalía, las imágenes permitieron avanzar en la identificación de J.E. También intervino un sargento de la División de Investigaciones Policiales de Rawson, quien habría reconocido al imputado a partir de las imágenes obtenidas.
Las cámaras y una pericia fueron parte de la investigación
Las imágenes recopiladas durante la investigación fueron posteriormente cotejadas con fotografías del imputado y sometidas a una pericia escopométrica.
Según explicó la Fiscalía, ese estudio concluyó que existía un alto grado de probabilidad de que la persona registrada en las imágenes fuera J.E.
Para Cheuquemán Levill, el conjunto de elementos reunidos resulta suficiente para sostener la acusación y avanzar hacia la siguiente instancia del proceso penal.
La defensa, sin embargo, planteó otra interpretación de las pruebas.
La defensa cuestionó la investigación
La defensora Catalina Silva cuestionó las actuaciones desarrolladas por los investigadores policiales y puso especialmente el foco en un allanamiento realizado durante la investigación que tuvo resultado negativo.
A partir de esos cuestionamientos, la defensa solicitó el sobreseimiento de J.E. y sostuvo que los elementos incorporados al expediente no permitían sostener la acusación con el grado de certeza necesario.
El fiscal general rechazó esa postura y defendió el trabajo realizado por los investigadores. Durante la audiencia, aportó detalles sobre las distintas medidas llevadas adelante y sobre las pruebas incorporadas al expediente.
Para el Ministerio Público Fiscal, esos elementos alcanzan para sostener la probabilidad de autoría y habilitar la continuidad del proceso.
Al resolver la situación procesal, la jueza Laura Martini consideró que los cuestionamientos formulados por la defensa “no tienen la certeza suficiente y necesaria” para disponer el sobreseimiento del imputado.
La magistrada entendió que las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal resultan suficientes para sostener, en esta etapa, la probabilidad de que J.E. haya sido el autor del hecho investigado.
