El debate en torno a las modificaciones del Código Penal de la Nación ha tomado un rumbo que genera profunda preocupación en los ámbitos jurídicos, sociales y asistenciales en Argentina. La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional para retirar el agravante por violencia de género plantea una reconfiguración estructural en el modo de juzgar y visibilizar los crímenes contra las mujeres. La eliminación de estas herramientas legales enciende las alarmas sobre el futuro de la protección de las víctimas y el sostén económico de los menores de edad afectados.
El proyecto oficialista
En enero del 2025, quien era el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó el proyecto de Ley, avalado por el presidente Javier Milei, que establece la eliminación del agravante de la figura de femicidio eliminar el agravante por violencia de Género del Código Penal. La iniciativa se apoya en una interpretación estricta de la igualdad ciudadana contemplada en la Carta Magna.
Al momento de anunciar la propuesta a través de sus canales de comunicación oficiales, el entonces titular de la cartera de Justicia fijó de forma directa la posición de la administración central: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, escribió el funcionario. Dicha publicación sostuvo el tono del mensaje que horas antes había leído el propio Milei en el Foro de Davos, Suiza.
La invisibilización de las estadísticas y el futuro de la Ley Brisa
La supresión de esta tipificación penal conlleva consecuencias inmediatas que exceden el marco estrictamente carcelario y penal, impactando de forma directa en las herramientas de medición del Estado. Los análisis técnicos advierten que eliminar la figura de femicidio desaparece las estadísticas e invisibiliza la problemática por lo que el Estado puede tomar la decisión de disminuir políticas que busquen prevenir violencias contra las mujeres, así como darle asilo y contención a quienes las sufren y a sus hijos e hijas.
Asimismo, los especialistas en derecho de familia recalcan que un cambio en este articulado interrumpe programas de asistencia social vitales para la crianza de los menores desamparados. Se señala que eliminar la figura de femicidio del Código Penal, por ende clausura también la Ley Brisa.
Es importante recordar que el 4 de julio de 2018, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por unanimidad la Ley 27.452 que creó el Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (RENNyA). Esta norma establece que las hijas e hijos de víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género deben contar con protección para crecer en un ambiente sano y libre de violencias. Por eso, tienen derecho a recibir una reparación económica mensual, acceder a una cobertura de salud y acompañamiento integral durante su crianza; un beneficio que quedaría sin el sustento del tipo penal que lo origina.
El Registro de la Corte Suprema y las asimetrías globales de la ONU
La diferenciación del delito ha sido clave para comprender la dimensión del problema en el país. En 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le encomendó a la Oficina de la Mujer la elaboración del Primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Al fundamentar la necesidad de esta base de datos, el máximo tribunal del país explicó en su primer informe sobre el tema que “concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas”.
Por su parte, los relevamientos globales realizados por organismos internacionales muestran una marcada asimetría en cuanto al contexto de los homicidios según el género de la víctima. Según datos de la ONU, el 56% de todos los homicidios de mujeres en el mundo son cometidos por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia, mientras que sólo el 11% de todos los homicidios de hombres se cometen en el ámbito privado.
Los fundamentos de la reforma del 2012
En 2012, cuando se agregó el agravante por violencia de género en el Código Penal, el debate parlamentario identificó componentes específicos de vulnerabilidad que rodeaban a estos crímenes.
El texto original que dio origen a la modificación penal describía detalladamente el escenario de estas agresiones: “La muerte violenta de mujeres por razones de género muchas veces es perpetrada por personas de su círculo íntimo, generalmente parejas actuales o pasadas, o aún por personas extrañas, pero en un contexto que incluye desprecio por la víctima, humillación y agresión sexual”.
El impacto en los subsidios y los programas de acompañamiento actuales
El debate en torno a la figura legal se produce de forma simultánea a las reconfiguraciones de los fondos de asistencia directa para las personas afectadas. En agosto de 2024, el gobierno de Javier Milei debilitó el principal programa de acompañamiento a las víctimas de violencia de género, destinado a darles herramientas a las mujeres que sufren este tipo de violencia, brindando, entre otros recursos, un subsidio para que puedan salir de los lugares en donde fueron violentadas, frecuentemente dentro del ámbito familiar.
Las nuevas directivas modificaron los plazos de cobertura e incorporaron exigencias de carácter formal que complejizan el acceso al beneficio en zonas de menor infraestructura institucional. Según la reforma, este acompañamiento disminuye desde seis a tres meses e incluye un requisito con el que muchas veces las víctimas no cuentan por miedo a las represalias de sus victimarios: una denuncia policial que ratifique la situación en la que se encuentran. En las localidades del interior de Chubut y la meseta patagónica, la obligatoriedad de este trámite previo se presenta como una barrera adicional para quienes intentan salir de contextos de vulnerabilidad intrafamiliar.
El femicidio no implica una mayor valoración de la vida de una mujer sobre la de un hombre, sino que responde a la necesidad de visibilizar y sancionar una violencia estructural y sistemática.
