Un fallo de la Justicia de Familia de Puerto Madryn ordenó a un hombre pagar una compensación económica a su expareja por el uso exclusivo de una vivienda que ambos compartían, tras la disolución de una unión convivencial que se extendio por más de una década.
La sentencia fue dictada por la jueza María Fernanda Palma, quien reconoció el derecho de la mujer a percibir una renta compensatoria por no poder utilizar el inmueble ubicado en la zona del Parque Ecológico El Doradillo.
Uso exclusivo y compensación económica
La pareja convivió entre 2010 y 2022. Tras la ruptura, la mujer debió abandonar el hogar por motivos de violencia familiar, mientras que el hombre continuó residiendo en la propiedad, pese a que pertenece a ambos en partes iguales.
Ante esta situación, la demandante acudió a la Justicia para solicitar la fijación de un canon mensual y el reintegro de los gastos que siguió abonando, como impuestos municipales, para preservar el bien.
En su resolución, la magistrada sostuvo que cuando uno de los convivientes utiliza de forma exclusiva un inmueble común tras la separación, corresponde compensar al otro para evitar un enriquecimiento sin causa.
Monto y período de la compensación
El fallo establece que el hombre deberá abonar mensualmente el equivalente al 50% del valor de un alquiler de mercado. Además, la medida tiene carácter retroactivo desde mayo de 2024, momento en que se inició el reclamo formal.
En términos concretos, el demandado deberá pagar $242.500 por mes por el período comprendido entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, fecha en la que dejó la vivienda. También deberá reintegrar a su expareja la mitad de los impuestos municipales que ella afrontó durante ese tiempo.
La jueza explicó que, si bien ambos tienen derecho al uso del inmueble, una vez que uno de los propietarios manifiesta su oposición al uso exclusivo del otro, se genera el derecho a percibir una renta similar a un alquiler.
Acuerdos sobre bienes y mascotas
El fallo también homologó acuerdos alcanzados previamente entre las partes respecto a la división de bienes y el destino de sus mascotas, priorizando una resolución pacífica del conflicto.
Hasta finales de 2025, el hombre permaneció en la vivienda junto a dos perros y dos gatos, mientras que la mujer se hacía cargo de la alimentación. Desde 2026, acordaron dividir los animales: cada uno quedó a cargo de un perro y un gato.
Asimismo, ambas partes resolvieron tasar la propiedad y ponerla a la venta a través de una inmobiliaria local.
El caso sienta un precedente sobre la aplicación de compensaciones económicas en situaciones de uso exclusivo de bienes compartidos tras la finalización de una convivencia.
