La Justicia resolvió el último jueves el procesamiento del inspector de la Policía Federal Nicolás Céspedez, acusado de haber empujado a la jubilada Beatriz Blanco, de 82 años, durante una manifestación realizada el pasado 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Como consecuencia del empujón, la mujer cayó al asfalto y se golpeó la cabeza, en un hecho que, según se remarcó desde los organismos de derechos humanos, pudo haber tenido consecuencias fatales.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Red Federal de Derechos Humanos, que señaló la responsabilidad directa del efectivo policial en el episodio de violencia institucional. Con este procesamiento, Céspedez deberá afrontar en el futuro un juicio oral, instancia que podría derivar tanto en una pena de prisión como en la pérdida de su cargo dentro de la fuerza.
Al referirse a la resolución judicial, el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti subrayó que el caso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de represión en manifestaciones sociales. En ese sentido, recordó que recientemente también fueron procesados un gendarme acusado de intentar matar al fotógrafo Pablo Grillo y un prefecto señalado por haberle provocado la pérdida de un ojo a Jonathan Navarro en otras protestas.
“El gobierno sigue ordenando reprimir a jubilados y trabajadores, mientras avanza en la quita de derechos, sin importar que los efectivos que envía al frente terminen perseguidos judicialmente, como corresponde”, sostuvo Pietragalla Corti. Además, cuestionó el discurso oficial en materia de seguridad y remarcó que “un gobierno que realmente cuida a sus fuerzas no es el que las expone a terminar presas mientras promueve mensajes de odio y represión”.
En ese marco, el legislador enfatizó que la verdadera protección de las fuerzas de seguridad radica en el respeto a los derechos humanos y a los principios de la seguridad democrática. “No existe la obediencia debida frente a órdenes ilegales o que atenten contra los derechos humanos”, advirtió, y concluyó que quienes deben rendir cuentas ante la Justicia son aquellos responsables de reprimir de manera ilegal.
