sábado, 24 febrero, 2024

Prisión preventiva para los dirigentes del SUPA Chubut denunciados por extorsión

La fiscal Florencia Gómez, quien encabeza la investigación, solicitó 5 meses de prisión preventiva para los gremialistas. Se pasó a un cuarto intermedio para aguardar por el veredicto de la jueza Ana Beckle.

Solicitaron la prisión preventiva para dirigentes del supa

Durante la mañana de este jueves, en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson, se dio inicio a la investigación en la causa por extorsión iniciada por empresarios de la estiba contra la cúpula del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Chubut. Se enmarca en la causa penal N°7771.

En la audiencia, la fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, quien encabeza la investigación, solicitó la prisión preventiva por el plazo de 5 meses para los dirigentes del SUPA Chubut denunciados por extorsión. Entre los acusados se encuentran Alexis Gutiérrez, Bruno Vega, Claudio Villarroel, Juan Zambrano y Juan Inalef.

Según las denuncias de los empresarios, durante los meses de agosto y septiembre de 2023, los dirigentes sindicales habrían solicitado pagos de dinero a cambio de no interrumpir la actividad portuaria, lo que habría afectado a varias empresas estibadoras.

Hace un par de semanas los sindicalistas del SUPA habían sido allanados en sus domicilios por orden de la jueza y salvo Gutiérrez que no se encontraba, en todos los demás pudieron secuestrarse teléfonos celulares cuya información habría contribuido a aportar pruebas fundamentales para la causa.

A partir de ese momento, mientras seguía la discusión por el reajuste paritario, el gremio estibador había llevado adelante una medida de fuerza por problemas de “seguridad e higiene” que generó la pérdida de cientos de miles de kilos de langostino; Gutiérrez intentó varias veces que los empresarios retirasen la denuncia.

Los allanamientos recientes ayudaron a corroborar la documentación aportada por los denunciantes y que consistía en la secuencia de transferencias bancarias hechas a los dirigentes del SUPA como respuesta a los pedidos de coimas para que las empresas de estiba contaran con las manos de estibadores y así poder operar la descarga de los barcos costeros.

Más allá de la orden de restricción que se les aplicó a los gremialistas a partir de algunas amenazas sufridas en 2023 mientras se discutía o en realidad, cuando las empresas de estiba se negaban a pagar el reajuste salarial del 168% que buscaba aplicar Gutiérrez, el dirigente solicitaba una coima por el valor de 1500 cajones de langostino, por empresa, por mes, para él y su grupo de colaboradores.

Los empresarios aportaron a la causa no solo la cronología de las transferencias, montos y comprobantes, una radiografía con la secuencia de los conflictos repentinos para descargar la flota, todavía en zafra de aguas nacionales, y cómo estos se resolvían cuando aparecía el dinero acreditado, sino también presuntas conversaciones por WhatsApp con el líder sindical.

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