El Gobierno nacional le impidió el ingreso a un grupo de periodistas acreditados en la Sala de Prensa de la Casa Rosada el lunes por la mañana. En un primer momento, los trabajadores no recibieron explicaciones oficiales.
El episodio ocurrió cuando los periodistas intentaban acceder al edificio para participar de las habituales conferencias encabezadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Pese a contar con acreditación vigente, se les negó el ingreso.
Uno de los afectados relató que, al presentarse bajo la lluvia y brindar sus datos, fue informado de que su huella de acceso había sido revocada por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “No nos dieron más explicaciones”, aseguró.
Argumento oficial y sospechas de injerencia
Con el correr de las horas, trascendió que la decisión habría sido tomada bajo el argumento de que los periodistas involucrados pertenecen a medios vinculados a una presunta red de información financiada por el espionaje ruso.
Desde el oficialismo indicaron que se trató de una medida “preventiva” y advirtieron que podría avanzar una investigación más profunda. “En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, señalaron.
La decisión se apoya en un informe de la organización openDemocracy, que sostiene que un grupo ruso denominado “La Compañía” habría financiado más de 250 publicaciones en medios digitales argentinos con el objetivo de perjudicar al Gobierno.
Repercusiones políticas
El episodio generó fuertes críticas desde distintos sectores. Uno de los primeros en manifestarse fue el senador nacional por Chubut, Carlos Linares, quien cuestionó la medida en redes sociales.
“Ahora impiden que periodistas acreditados en Casa Rosada y Cámara de Diputados que pertenezcan a medios cuestionados por la supuesta campaña rusa hagan su trabajo. Claro acto de censura en tiempos de democracia. Cada día, un poco peor”, expresó.
Antecedentes de la investigación
La polémica se da en el marco de una investigación iniciada en junio del año pasado, cuando Manuel Adorni, en ese entonces vocero presidencial, denunció la presencia de presuntos espías rusos en Argentina.
Según detalló en su momento, un grupo de residentes rusos estaría realizando actividades sospechosas vinculadas a intereses geopolíticos, en conexión con una organización denominada “La Compañía”.
De acuerdo con la denuncia, esta estructura tendría como objetivo desarrollar campañas de desinformación e influencia, incluyendo la creación de contenidos en redes sociales, la intervención en organizaciones civiles y la recopilación de información política.
También se la vincula con el denominado “Proyecto Lakhta”, asociado al oligarca ruso Yevgeniy Prigozhin, fallecido en agosto de 2023.
Creación de un nuevo organismo
En este contexto, el Gobierno nacional avanzó recientemente con la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) dentro de la Policía Federal, con el objetivo de fortalecer la prevención de delitos vinculados a la injerencia extranjera.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la Argentina “no será sometida a la influencia de ninguna otra nación” y aseguraron que la seguridad nacional constituye una prioridad.
El episodio reaviva el debate sobre los límites entre la seguridad y la libertad de prensa en un escenario atravesado por denuncias de espionaje y desinformación.
