La Patagonia atraviesa una de las temporadas de incendios más devastadoras de las últimas décadas. Según datos oficiales difundidos por los gobiernos provinciales, más de 220 mil hectáreas ya fueron consumidas por el fuego en distintos puntos del sur del país, en un escenario marcado por sequía extrema, altas temperaturas y condiciones climáticas adversas.
El mayor impacto se registra en La Pampa, donde las llamas arrasaron con alrededor de 168 mil hectáreas. En Chubut, los incendios ya afectaron más de 45 mil hectáreas, principalmente en la zona cordillerana. A esto se suman unos 10 mil hectáreas en Río Negro, 6 mil en Neuquén y alrededor de 700 hectáreas en Santa Cruz.
La dimensión del daño ambiental es alarmante: la superficie total quemada equivale a unas veinte veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires, con pérdidas incalculables para los ecosistemas, la producción y las comunidades afectadas.
En este contexto crítico, los gobernadores de la Patagonia mantuvieron un encuentro virtual para analizar la situación y reclamar al Congreso Nacional la declaración de la Emergencia Ígnea, con el objetivo de agilizar recursos y reducir trabas administrativas en el combate del fuego.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, advirtió que el incendio “no reconoce límites provinciales ni jurisdicciones” y remarcó que actualmente trabajan en la región brigadistas de casi todas las provincias argentinas, junto a recursos de la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia Federal de Emergencias e incluso equipos provenientes de Chile.
El operativo tiene un costo millonario: solo en Chubut y Río Negro, el despliegue de medios aéreos y combustible ya supera los 7 mil millones de pesos, financiados con recursos provinciales. A pesar del esfuerzo, los recursos resultan insuficientes frente a la magnitud de los incendios.
Desde las provincias también se puso el foco en la necesidad de contar con herramientas legales excepcionales que permitan una respuesta más rápida, tanto para la prevención como para la emergencia, y en endurecer sanciones frente a conductas humanas que agravan el riesgo de incendios en áreas naturales.
