Las universidades públicas vuelven al paro este miércoles 12 de agosto en todo el país, en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y el aumento de los recursos destinados a las casas de altos estudios.
La medida fue dispuesta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y se extiende durante 24 horas. Como consecuencia, la mayoría de las facultades no dicta clases presenciales ni virtuales durante la jornada.
Los gremios docentes y no docentes reclaman además una recomposición salarial, al advertir que existe una brecha que estiman “superior al 28%”. También cuestionan la falta de actualización de los fondos destinados a becas y hospitales universitarios.
Los gremios reclaman una recomposición salarial
La secretaria general del gremio, Laura Carboni, sostuvo que el inicio del segundo cuatrimestre vuelve a poner en primer plano el reclamo salarial de los trabajadores universitarios.
“Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó.
La dirigente cuestionó además el aumento acordado en la última negociación salarial. “El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben”, señaló.
En ese contexto, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó la propuesta y ratificó la necesidad de avanzar hacia “un plan de lucha a fondo”.
Los sindicatos explicaron que la medida responde a “la falta de respuesta” del Poder Ejecutivo y al que califican como un “sostenido ahogo presupuestario” sobre las universidades.
Quiénes adhieren al paro universitario
La jornada de protesta alcanza al personal docente y no docente de las universidades nacionales, representado por distintas organizaciones gremiales.
Entre ellas se encuentran la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Además del cese de actividades, en distintas provincias se realizan jornadas de visibilización para acompañar el reclamo.
En Resistencia, Chaco, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE) convocó a un bocinazo al mediodía junto con trabajadores del CONICET, INTA e INTI.
El Gobierno calificó el paro de “ilegítimo”
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, cuestionaron con dureza la nueva medida de fuerza y la calificaron de “ilegítima”.
El Gobierno sostuvo que el paro responde a “motivaciones políticas” y aseguró que “no tiene como prioridad la educación”.
Desde la cartera señalaron que, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se están cumpliendo las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo relacionado con la paritaria salarial y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
La respuesta oficial sobre los salarios
Capital Humano también ratificó el cumplimiento del acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios.
Según informó el Ministerio, los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos durante la negociación.
De esta manera, el Gobierno sostiene que no existe incumplimiento de los compromisos asumidos, mientras que los sindicatos mantienen su reclamo y consideran insuficientes los incrementos otorgados.
El Gobierno apuntó contra el impacto en los estudiantes
En su respuesta a la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano volvió a cuestionar la decisión de los gremios y sostuvo que los principales afectados son los alumnos.
“Como ya hemos señalado en comunicaciones anteriores, se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación”, afirmó la cartera.
Además, sostuvo que los “únicos damnificados” son los estudiantes, debido a que su derecho a aprender se ve afectado por medidas que interrumpen la continuidad de las actividades educativas.
El nuevo paro vuelve a profundizar así el conflicto entre los gremios universitarios y el Gobierno, en medio de los reclamos por salarios, financiamiento y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
