En una jornada marcada por la preocupación, la comunidad educativa de la Escuela 775 «Malvinas del Sur» de Puerto Madryn se vio sacudida por el hallazgo de un arma de aire comprimido en la mochila de un estudiante. El incidente, que fue detectado gracias al aviso de una madre, activó de inmediato los protocolos de convivencia escolar. Según explicó la directora del establecimiento, María Liberata Avendaño, el equipo directivo abordó la situación bajo la premisa que no hay «víctimas ni victimarios», sino un estudiante que altera la convivencia y un grupo que comienza a transitar el miedo en el aula.
El ingreso de la violencia a las aulas
Para la directora Avendaño, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino un reflejo de una sociedad «jaqueada» donde la violencia social atraviesa los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al corroborar que el elemento en cuestión era un arma de aire comprimido (presuntamente dañada), la autoridad escolar cuestionó el origen del problema: «En la mochila deben venir los útiles escolares para uso propio», enfatizó, llamando a la reflexión sobre cómo y por qué estos elementos llegan al ámbito educativo.
Limitaciones legales y el rol de las familias
Uno de los puntos más complejos del debate reside en las facultades del personal docente ante la sospecha de elementos peligrosos. Avendaño fue tajante al recordar que los alumnos son sujetos de derecho y que la normativa actual impide que los maestros revisen las pertenencias de los chicos.
- Revisión de mochilas: «Nosotros no podemos revisar la mochila, no podemos tocarle la mochila», aclaró la directora.
- Intervención judicial: Ante situaciones de amenazas o presencia de armas, la escuela debe dar intervención inmediata a la Justicia y a las fuerzas policiales.
- Responsabilidad compartida: Se insiste en que la prevención es una tarea que debe fortalecerse entre la escuela, la familia y los propios estudiantes.
Educación y prevención: el camino a seguir
A pesar de la gravedad del hecho, la institución decidió no suspender las clases, priorizando el diálogo y el trabajo pedagógico con los alumnos dentro de la escuela. Se han convocado reuniones de padres para integrar el Consejo Escolar de Convivencia, buscando unificar criterios institucionales de prevención.
Finalmente, la directora advirtió sobre la importancia de que los jóvenes comprendan el nuevo marco de la ley penal juvenil. «Deben hacerse responsables de sus actos», señaló, recordando que acciones como las amenazas ya son reconocidas como delitos, marcando un límite claro entre la convivencia escolar y la responsabilidad legal ante la sociedad.
