La jueza de Garantías E. Ponce otorgó libertad con severas restricciones a P.A., imputado por el delito de lesiones graves tras un violento episodio registrado el domingo por la noche en una precaria vivienda de la chacra 8, ubicada en la zona norte de Rawson.
La magistrada ordenó que el acusado no pueda acercarse a las víctimas ni a su propia vivienda, además de obligarlo a presentarse cada diez días a la Oficina Judicial.
El hecho ocurrió el domingo, pasadas las 23 horas. Según reconstruyó la Fiscalía, en el domicilio se encontraban las dos víctimas, una mujer de 42 años y su hermano, junto al presunto agresor, quien había llegado alrededor de las 11 de la mañana. Durante todo el día compartieron comida y bebidas hasta que, durante la noche, se produjo una fuerte discusión.
El hermano de la mujer, que se había retirado a dormir con su sobrino, escuchó los gritos y al intentar intervenir encontró a su hermana con sangre en el rostro. En medio del forcejeo, él también resultó herido: sufrió un corte en la cara, otro en la espalda y lesiones en manos y brazos.
La mujer debió ser trasladada desde el Hospital Santa Teresita al Hospital de Trelew debido a la gravedad de una herida que se extendía desde el pómulo hasta la mandíbula.
Operativo y detención
Tras el ataque, el agresor escapó en bicicleta. Personal de la División de Investigaciones logró ubicar su domicilio y, por pedido de los fiscales Leonardo Cheuquemán y Janet Davies, se ordenó una consigna policial hasta que la jueza de turno autorizó su detención, que se concretó el lunes por la tarde.
Criminalística secuestró prendas ensangrentadas y la bicicleta utilizada para huir, además de otros elementos de interés. El cuchillo con el que se habrían producido las heridas aún no fue hallado.
Pruebas y calificación penal
En la audiencia realizada este martes, la fiscal Davies había solicitado prisión preventiva y calificado el hecho como tentativa de homicidio. Sin embargo, la jueza Ponce redujo la calificación a lesiones graves, aunque coincidió con la Fiscalía en que existe riesgo de fuga y entorpecimiento debido a contactos telefónicos del acusado con una de las víctimas.
La investigación contará con un plazo legal de seis meses, durante los cuales se completarán pericias, análisis de teléfonos celulares, testimonios médicos y declaraciones de testigos.
El imputado P.A. fue asistido por el defensor oficial Miguel Moyano, quien cuestionó los argumentos fiscales y la calificación inicial, alegando que algunos testigos se encontraban en estado de ebriedad. La jueza pidió a la Fiscalía ajustar la investigación a la nueva calificación legal.
Con las restricciones impuestas, el acusado permanecerá en libertad mientras avanza el proceso penal.
