El Ministerio Público Fiscal del Chubut participará en la organización de una capacitación nacional sobre el abordaje de incidentes armados en establecimientos educativos que involucran a menores de edad, una iniciativa orientada a fortalecer las herramientas de intervención y respuesta ante situaciones de violencia en el ámbito escolar.
La actividad, titulada “Abordaje de incidentes armados en establecimientos educativos con menores de edad”, se desarrollará en dos encuentros virtuales, previstos para los días 4 y 11 de noviembre, de 15 a 17. La propuesta buscará analizar esta problemática desde distintas perspectivas, con especial atención a la actuación fiscal y a las particularidades de los casos que involucran a niños y adolescentes.
Entre los especialistas que estarán a cargo de las exposiciones se encuentran Sebastián Videla, fiscal de la provincia de Buenos Aires; Andrea Vázquez, fiscal jefa de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Sarmiento; Michael Nader, delegado legal del Federal Bureau of Investigation (FBI) en Argentina; y Armando Antao Cortez, integrante de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional de la Procuración General de la Nación.
La organización estará a cargo del Consejo Federal de Política Criminal, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el FBI. La coordinación general será responsabilidad del procurador general adjunto en lo Penal y Contravencional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Matías Froment.
La capacitación está destinada a fiscales y funcionarios de los Ministerios Públicos, además de defensores y asesores generales de todo el país. La modalidad virtual permitirá reunir a participantes de distintas jurisdicciones para abordar criterios de actuación frente a episodios de violencia armada en instituciones educativas.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 4 de noviembre de 2026, fecha prevista para el primer encuentro. La propuesta apunta a fortalecer la preparación de los operadores judiciales ante situaciones complejas que requieren intervención coordinada y un abordaje específico cuando hay menores de edad involucrados.
