Obispos de la región patagónica expresaron su preocupación por el desarrollo del debate en torno a la modificación de la Ley de Glaciares, al advertir sobre irregularidades en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la Nación.
A través de un pronunciamiento, señalaron que el proceso no habría cumplido con los requisitos exigidos por acuerdos e instancias legales previas. “Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública”, manifestaron, al tiempo que cuestionaron la falta de condiciones para garantizar una participación democrática efectiva.
En el documento, los referentes eclesiásticos denunciaron prácticas que, según indicaron, se repiten en distintos puntos de la Patagonia cuando se debaten temas ambientales vinculados a proyectos extractivos. “Cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista”, enumeraron.
Asimismo, advirtieron sobre la existencia de presiones en comunidades pequeñas, que incluirían condicionamientos económicos y sociales. “Despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas”, afirmaron, y agregaron que también se busca desacreditar a quienes plantean dudas o cuestionamientos.
El eje del reclamo, remarcaron, está vinculado a la defensa de los recursos naturales de la región. “Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata o un pseudo progreso”, sostuvieron, en referencia a los posibles impactos de iniciativas que podrían afectar glaciares, ríos y lagos.
En ese sentido, apuntaron contra sectores que impulsan estos proyectos y cuestionaron la legitimidad de las decisiones tomadas sin una participación amplia. “Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire”, expresaron.
El documento lleva la firma de obispos de distintas diócesis de la Patagonia, quienes coincidieron en la necesidad de resguardar los mecanismos democráticos y los recursos naturales de la región frente a debates que consideran determinantes para el futuro del territorio.
