Este lunes, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFLE), una medida central de la reforma laboral contenida en la Ley 27.802. En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario utilizó metáforas bélicas para explicar que el objetivo es combatir la informalidad laboral en el país.
El RIFLE
La medida establece una reducción drástica de las contribuciones patronales para quienes incorporen trabajadores nuevos que se encuentren desocupados, sean monotributistas o ex empleados públicos. Según los detalles brindados, la alícuota bajará del 19% al 2%, lo que representa una disminución del 89% en los costos de seguridad social por cada nuevo empleado durante los próximos cuatro años.
Bajo este nuevo esquema, los empleadores (ya sean pymes o grandes empresas) abonarán una alícuota unificada del 2% destinada a:
- Jubilación (SIPA).
- Asignaciones familiares.
- Fondo de empleo.
- Un 3% adicional para la obra social de jubilados (PAMI).
Impacto en la seguridad social y el FAL
A pesar de los incentivos para la contratación, la aplicación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFLE) genera interrogantes sobre el financiamiento del sistema. Los trabajadores que ingresen bajo este régimen verán afectados sus beneficios de seguridad social, incluyendo aportes jubilatorios y obras sociales. Asimismo, se prevé un impacto en la recaudación de organismos críticos como ANSES y PAMI.
El Gobierno adelantó que próximamente se reglamentará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta herramienta estará diseñada para asistir en el pago de indemnizaciones, completando el esquema de reformas que busca, según la gestión actual, «acribillar» la informalidad en el mercado de trabajo argentino.
