El gobierno de la provincia de Santa Fe entregó la primera notificación formal a los padres de un adolescente que realizó una amenaza en una escuela, exigiéndoles el pago de $6.024.944. Este monto representa el costo operativo del despliegue policial, que incluyó personal especializado y recursos logísticos. El hecho se enmarca en una nueva política de Estado para que los adultos responsables asuman las consecuencias económicas de las acciones de los menores.
«Cara la jodita»: la reacción de los padres
Al ser notificado en su vivienda de la ciudad de Santa Fe, el padre del menor responsable expresó: «Cara la jodita». La frase quedó registrada durante el procedimiento policial encabezado por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Según explicó el ministro Pablo Cococcioni, la suma exigida no es una multa penal, sino una indemnización civil por el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado santafesino.
El cálculo del monto se realiza de forma estricta sobre los recursos afectados:
- Combustible y vehículos: gastos de traslado de las unidades.
- Brigadas especiales: intervención de expertos en explosivos.
- Horas de servicio: tiempo del personal policial desviado de otras tareas de prevención.
Un plan para recuperar $250 millones
Hasta el momento, las autoridades han identificado a los responsables de 58 hechos similares, lo que involucra a más de 70 personas entre menores y adultos. Se estima que, una vez que la Fiscalía valide todas las identidades, el monto total reclamado a los padres superará los $250 millones.
El plazo para abonar la deuda de manera voluntaria es de cinco días. En caso de incumplimiento, los antecedentes se derivan a la Fiscalía de Estado, lo que permite avanzar con medidas legales más severas como el embargo de sueldos o la inhibición de bienes, de acuerdo al Código Civil y Comercial.
Esta medida surge tras una ola de amenazas de tiroteos y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos de todo el país. Al trasladar el costo económico a los progenitores, el gobierno santafesino busca sentar un precedente y desalentar estas conductas que saturan los servicios de emergencia y generan angustia en la comunidad educativa.
