El Gobierno nacional avanzó en una profunda reforma del sistema de inteligencia argentino mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete. La norma, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, con un doble objetivo: achicar estructuras y delimitar funciones, pero al mismo tiempo reforzar el rol estratégico de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El decreto 941/2025 se apoya en un diagnóstico oficial que señala superposición de funciones, estructuras sobredimensionadas y falta de coordinación entre organismos. En ese marco, se redefinen competencias, se crean nuevos ámbitos formales de articulación y se establece un esquema más preciso para la producción de inteligencia estratégica destinada a la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
Según fuentes oficiales, la reforma no modifica la conducción actual del organismo. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra, con Diego Kravetz como segundo. Desde el Gobierno indicaron que la iniciativa fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque aclararon que no apunta a ampliar el poder interno de la SIDE, sino a ordenar el sistema y retirarle funciones ajenas a su misión específica.
Uno de los cambios centrales es la reafirmación de la SIDE como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional. En ese rol, concentrará la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la centralización de la información producida por los distintos subsistemas, con el objetivo de superar la fragmentación histórica del sistema. Al mismo tiempo, el decreto subraya que la SIDE no cumple tareas policiales ni de seguridad interior, ni persigue delitos concretos.
En línea con el criterio de especialización, la reforma recorta competencias. Un ejemplo clave es la separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad: la SIDE conservará únicamente la producción de inteligencia en el ciberespacio, mientras que la protección de infraestructuras digitales y sistemas críticos quedará bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.
El decreto también establece con mayor precisión la posibilidad de que personal de inteligencia realice aprehensiones en contextos excepcionales, como la protección de instalaciones o delitos en flagrancia, siempre con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Desde el oficialismo señalaron que esta regulación busca brindar claridad jurídica y fijar límites explícitos a una facultad operativa puntual.
Otro eje relevante es la redefinición de la contrainteligencia, con la transformación de la Agencia de Seguridad Nacional en Agencia Nacional de Contrainteligencia, enfocada exclusivamente en la detección de amenazas externas como espionaje, sabotaje o injerencia extranjera. Además, se simplifica el esquema de inteligencia militar al concentrar la producción estratégica en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La norma generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que anticiparon pedidos de informes en el Congreso. Sin embargo, al tratarse de un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su vigencia. Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma apunta a un sistema de inteligencia más integrado, especializado y previsible, en un contexto regional e internacional cada vez más complejo.
