La dictadura encabezada por el general Alejandro Agustín Lanusse, autodenominada Revolución Argentina, gobernaba el país a mediados de 1972. Desde años anteriores, distintas organizaciones político-militares habían surgido para enfrentar al violento régimen, mientras cientos de militantes permanecían detenidos en distintos establecimientos penitenciarios y centros de detención donde eran torturados.
En la Unidad 6 de Rawson, en la provincia de Chubut, se encontraban alrededor de 200 presos políticos pertenecientes al Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.
Las tres organizaciones acordaron llevar adelante una fuga conjunta. El objetivo era sacar a un grupo numeroso de detenidos, trasladarlo hasta el aeropuerto de Trelew y tomar un avión para abandonar el país rumbo a Chile, entonces gobernado por el presidente socialista Salvador Allende.
El operativo fue coordinado por un Comité de Fuga integrado por Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna. El plan contemplaba una fuga masiva y el traslado de los detenidos mediante varios vehículos.
15 de agosto: comienza la fuga del Penal de Rawson
El 15 de agosto de 1972, a las 18:05, comenzó la operación. Los presos lograron tomar rápidamente el control de sectores del penal y poner en marcha el plan de escape.
Sin embargo, el operativo comenzó a complicarse por distintos problemas de coordinación. Uno de los principales obstáculos fue la falta de comunicación entre los grupos que participaban de la fuga.
El plan original contemplaba la utilización de tres camiones para trasladar a unos 110 detenidos. Pero los vehículos de apoyo abandonaron el lugar al interpretar que la operación había fracasado después de que se produjeran enfrentamientos y muriera Marcos Osatinsky, uno de los principales dirigentes de las FAR.
Con los camiones retirados, la mayoría de los presos que habían conseguido salir del penal quedó sin medios para llegar al aeropuerto.
Los seis dirigentes que llegaron al aeropuerto
En medio de la confusión, solo un Ford Falcon estaba disponible para trasladar a los principales dirigentes. Apenas 25 minutos después de iniciada la fuga, seis de ellos lograron emprender el camino hacia el aeropuerto de Trelew.
El grupo estaba integrado por Mario Roberto Santucho, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Domingo Menna y Enrique Gorriarán Merlo.
En el aeropuerto esperaba un avión BAC 1-11 de Austral Líneas Aéreas, correspondiente al vuelo 811. La aeronave había partido desde Comodoro Rivadavia y tenía previsto continuar hacia Bahía Blanca y Buenos Aires.
Un grupo de apoyo había tomado el avión y esperaba que los evadidos pudieran llegar a tiempo. La aeronave permaneció en la pista durante un período para permitir el arribo de otros integrantes de la fuga.
Pero la ausencia de medios de comunicación volvió a resultar decisiva.
Las 19 personas que quedaron en el aeropuerto
Mientras los seis dirigentes conseguían abordar el avión, otros 19 presos políticos habían logrado escapar del penal y se dirigían hacia el aeropuerto en distintos vehículos.
Sin embargo, cuando llegaron, el avión ya había partido.
A las 19:27, aproximadamente una hora y media después del comienzo de la fuga, la aeronave despegó rumbo a Chile. Primero llegó a Puerto Montt y posteriormente continuó hasta Santiago, donde los seis dirigentes solicitaron asilo.
Los otros 19 quedaron aislados en el aeropuerto de Trelew, rodeados por fuerzas militares.
Sin posibilidades de continuar con la fuga, decidieron rendirse.
La rendición ante un juez, abogados y periodistas
Los 19 presos resolvieron entregarse bajo la condición de que se garantizara su integridad física y fueran trasladados nuevamente al Penal de Rawson.
La rendición se produjo ante la presencia de un juez, abogados y periodistas, precisamente para dejar constancia pública de las condiciones en las que los detenidos entregaban sus armas.
El compromiso asumido por las autoridades era que los presos serían devueltos al penal y que se respetaría su vida.
Esa promesa no fue cumplida.
En lugar de regresar a Rawson, los 19 detenidos fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar, ubicada en Trelew y dependiente de la Armada Argentina.
El traslado modificó por completo el escenario. Los presos quedaron bajo custodia de personal de la Marina, en un contexto de creciente tensión política y militar.
La noche del 21 de agosto y el silencio oficial
Durante la noche del 21 de agosto, mientras los 19 detenidos permanecían en la Base Almirante Zar, el gobierno mantenía un fuerte hermetismo sobre lo ocurrido.
Los integrantes de la Junta de Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas Armadas, junto con ministros y colaboradores, permanecieron reunidos en la Casa de Gobierno. Los periodistas que buscaban información no recibían precisiones sobre la situación de los detenidos.
En la base militar, mientras tanto, los 19 presos continuaban privados de su libertad. Horas después se produciría uno de los episodios más graves de la historia argentina reciente.
La madrugada del 22 de agosto: los fusilamientos
A las 03:30 del 22 de agosto de 1972, los 19 detenidos fueron despertados de manera sorpresiva y obligados a salir de sus celdas.
Según los testimonios de los tres sobrevivientes, fueron colocados en un pasillo y obligados a permanecer formados, con la mirada hacia el piso. En ese momento, efectivos de la Armada abrieron fuego contra ellos.
Los prisioneros fueron ametrallados mientras estaban indefensos. La mayoría murió en el lugar y algunos de los heridos fueron rematados posteriormente con armas cortas, de acuerdo con los testimonios recogidos durante las investigaciones.
Dieciséis presos políticos fueron asesinados y otros tres sobrevivieron con graves heridas.
Las víctimas fueron: Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla y Ana María Villarreal.
Los tres sobrevivientes fueron Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar.
Los tres sobrevivientes
Después de los disparos, los sobrevivientes fueron llevados a la enfermería, pero, según sus testimonios, no recibieron asistencia médica adecuada.
Al día siguiente fueron trasladados a Puerto Belgrano, donde finalmente recibieron atención y fueron intervenidos.
Sus testimonios resultaron fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante aquella madrugada y cuestionar la explicación difundida inicialmente por las autoridades.
Los tres sobrevivientes tampoco escaparían a la violencia estatal de los años siguientes.
Alberto Camps fue asesinado en 1977, María Antonia Berger desapareció en 1979 y Ricardo René Haidar fue secuestrado y desaparecido en 1982.
La versión oficial y la reacción inmediata
Tras la matanza, el gobierno militar difundió una versión según la cual los detenidos habían intentado realizar una nueva fuga. El relato oficial sostuvo que se había producido un enfrentamiento y que los militares habían actuado para impedir el escape.
La explicación resultó rápidamente cuestionada por los sobrevivientes, familiares, abogados y sectores políticos y sociales.
La ausencia de bajas entre los efectivos de la Armada también fue señalada como un elemento relevante frente al relato oficial de un supuesto enfrentamiento.
El mismo 22 de agosto, el gobierno sancionó la Ley 19.797, que prohibía la difusión de información relacionada con las organizaciones guerrilleras.
La noticia de los asesinatos provocó manifestaciones en distintas ciudades del país. También se produjeron atentados contra dependencias oficiales como expresión de protesta frente a la masacre.
La Masacre de Trelew como antecedente del terrorismo de Estado
Con el paso de los años, la Masacre de Trelew quedó incorporada a la memoria histórica argentina como un episodio decisivo de la violencia política de la década de 1970.
El fusilamiento de presos políticos bajo custodia estatal y el intento de presentar los hechos como consecuencia de un enfrentamiento fueron considerados posteriormente un antecedente de las prácticas represivas que se profundizarían después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La masacre también quedó vinculada a la posterior investigación sobre la responsabilidad de los integrantes de la Armada que participaron del operativo.
Durante décadas, los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos reclamaron que los responsables fueran llevados ante la Justicia.
La investigación llega a los tribunales
El proceso judicial avanzó muchas décadas después de los asesinatos.
El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Emilio Jorge del Real, Luis Emilio Sosa y Carlos Amadeo Marandino a prisión perpetua como responsables de 16 homicidios y tres tentativas de homicidio.
El tribunal consideró que los hechos constituían crímenes de lesa humanidad.
La sentencia también absolvió a Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, aunque el Ministerio Público Fiscal manifestó su disconformidad con esas decisiones y planteó las correspondientes apelaciones.
Además, los jueces dispusieron reiterar el pedido de extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien se había radicado en Estados Unidos después de los hechos.
2014: Casación ratifica las condenas
El 19 de marzo de 2014, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a prisión perpetua de Sosa, Del Real y Marandino.
Los camaristas también calificaron los fusilamientos como delitos de lesa humanidad y anularon las absoluciones de Paccagnini y Bautista.
El reconocimiento judicial de la naturaleza de lesa humanidad de los hechos representó un paso fundamental en el proceso de búsqueda de verdad y justicia iniciado por los familiares de las víctimas.
El caso Roberto Bravo y el juicio en Estados Unidos
La investigación también continuó en Estados Unidos, donde se había radicado Roberto Bravo, señalado como uno de los militares que participó en la ejecución de los detenidos.
La Justicia argentina había solicitado su extradición en 2009 por delitos de lesa humanidad, pero el procedimiento se prolongó durante años.
Ante esa situación, familiares de las víctimas iniciaron en Estados Unidos una demanda civil contra Bravo. El proceso comenzó el 27 de junio de 2022.
El 2 de julio de 2022, un jurado estadounidense declaró responsable a Bravo y estableció una indemnización de más de 24 millones de dólares para familiares de las víctimas.
El proceso fue de carácter civil y no implicó una condena penal. Sin embargo, la querella sostuvo que el reconocimiento de la responsabilidad de Bravo podía contribuir al reclamo de su extradición a la Argentina.
Una memoria que permanece
A 50 años de la masacre, en 2022, la reconstrucción judicial e histórica de los hechos había permitido establecer responsabilidades y confirmar que los 16 asesinatos y las tres tentativas no fueron consecuencia de un enfrentamiento, sino parte de una ejecución de presos políticos bajo custodia del Estado.
En 2014 se levantó un monumento en el ingreso de la Base Aeronaval Almirante Zar, escenario de los fusilamientos. La estructura recuerda que allí, el 22 de agosto de 1972, se cometió la Masacre de Trelew y que el lugar también fue utilizado como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Tres palabras resumen el sentido del memorial: Justicia, Memoria y Verdad.
