El 22 de agosto de 1972 quedó marcado como uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. En la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, 19 presos políticos que habían sido recapturados tras fugarse del penal de Rawson fueron ametrallados en sus celdas por personal de la Armada, lo que se llamó la «Masacre de Trelew». Dieciséis de ellos murieron y tres lograron sobrevivir milagrosamente. El régimen militar de Alejandro Agustín Lanusse intentó ocultar el hecho bajo una versión de un nuevo intento de fuga, iniciando así un largo periodo de encubrimiento institucional.
Durante los años posteriores, las familias de las víctimas y abogados de derechos humanos intentaron impulsar denuncias e investigaciones preliminares. Sin embargo, se chocaron con muros de silencio impuestos por la dictadura. Tras el golpe de Estado de 1976, la persecución se recrudeció y muchos de los sobrevivientes, familiares y defensores legales pasaron a formar parte de la lista de personas desaparecidas o debieron exiliarse, lo que congeló cualquier posibilidad de avance en los tribunales locales.
Con el retorno de la democracia en 1983, se reabrieron las esperanzas de enjuiciar a los culpables, pero el camino judicial se topó con nuevas trabas políticas y legales. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final junto a los indultos presidenciales de los años 90 blindaron la impunidad de los marinos intervinientes. No fue sino hasta el año 2003, cuando el Congreso Nacional declaró la nulidad de estas leyes, que la Justicia pudo volver a mirar de frente los expedientes del Terrorismo de Estado.
La reapertura formal de la causa se consolidó a mediados de la década del 2000, impulsada por las querellas de los familiares de las víctimas y las secretarías de Derechos Humanos. Las autoridades judiciales finalmente catalogaron la matanza como un crimen de lesa humanidad, figura técnica que determinó que los delitos eran imprescriptibles, impidiendo que el paso del tiempo extinguiera la acción penal. Esta decisión abrió paso al juicio oral y público.
El recorrido judicial culminó de forma histórica en octubre de 2012, exactamente cuatro décadas después de los fusilamientos. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó sentencia en una sala colmada de emoción. «Para este tribunal, el juicio ha terminado», clausuró el juez Enrique Guanziroli tras ratificar que los hechos formaron parte de una estructura de violencia estatal ilegal, brindando un cierre legal largamente esperado por la comunidad de Chubut y el país entero.
Las condenas de 2012 representaron un hito judicial y un punto de inflexión en la búsqueda de verdad y justicia por la Masacre de Trelew. Cuatro décadas después de los fusilamientos, el fallo estableció responsabilidades penales y dejó asentado que los hechos formaron parte de graves violaciones a los derechos humanos que no podían quedar impunes.
Cronología de los avances judiciales
- El 22 de agosto de 1972 Ocurre la Masacre de Trelew en la Base Aeronaval Almirante Zar, el fusilamiento de 19 presos políticos.
- Entre 1972 y 1983 Se llevaron a cabo denuncias, testimonios e investigaciones impulsadas por sobrevivientes y familiares. Intentos iniciales frenados por la persecución y el golpe del 76.
- En 1983 con el retorno de la democracia, se llevon a cabo nuevos intentos para avanzar judicialmente.
- Años 2000, se realiza la reapertura de la investigación en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad, anulación de leyes de impunidad e indultos.
- En 2012 inicio y desarrollo de juicio y condenas: El TOF de Comodoro Rivadavia dicta penas máximas a los responsables. Condenas a Emilio Del Real, Luis Emilio Sosa y Carlos Alberto Marandino.
- El ex marino argentino Roberto Guillermo Bravo fue hallado culpable por un jurado civil en los Estados Unidos en julio de 2022 por su responsabilidad en la Masacre de Trelew de 1972. Se le ordenó pagar una indemnización millonaria a los familiares de las víctimas.
Fueron juzgados en el banquillo de los acusados los ex marinos Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge del Real, Carlos Amadeo Marandino, el ex jefe de la Base Zar, Rubén Norberto Paccagnini, y el ex juez militar Jorge Enrique Bautista.
El tribunal condenó a prisión perpetua a Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge del Real y Carlos Amadeo Marandino. Fueron hallados coautores penalmente responsables de homicidio agravado con alevosía por las 16 víctimas mortales y de tentativa de homicidio por los tres sobrevivientes
El tribunal determinó de forma categórica que los hechos constituyeron un crimen de lesa humanidad. Concluyeron que los fusilamientos no respondieron a un intento de escape, sino a una ejecución planificada y ejecutada desde las estructuras del Estado.
En el juicio de 2012, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista resultaron inicialmente absueltos. Sin embargo, en 2014, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esas absoluciones al entender que se comprobó el encubrimiento y la facilitación del crimen.
Por otra parte, el ex capitán Roberto Guillermo Bravo huyó a los Estados Unidos en 1973; allí evadió los pedidos de extradición criminal, aunque en 2022 una corte civil de Florida lo declaró civilmente responsable y lo ordenó a indemnizar a familiares de las víctimas.
Durante el proceso, el propio Bravo reconoció bajo juramento haber disparado durante los hechos en la Base Almirante Zar. El tribunal civil ordenó el pago de 27 millones de dólares en daños a los familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps.
Eduardo Hualpa, abogado de los familiares de víctimas de la Masacre de Trelew comentaba a Canal 12 sobre parte del proceso que llevaron a cabo en Estados Unidos.
40 años después
El retraso de cuatro décadas se debió al blindaje político y legal de la impunidad. Primero, por el terror infundido por la dictadura cívico-militar; luego, por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sumadas a los indultos presidenciales que paralizaron los juicios de lesa humanidad en toda la Argentina hasta su posterior anulación legislativa y judicial.
