Una joven de 24 años denunció a su pareja, un hombre de 32 años, por violencia de género y maltrato hacia sus hijos, entre ellos un niño de cuatro años. La presentación fue realizada en la Comisaría Segunda de Las Heras, en Santa Cruz, tras relatar cuatro años de convivencia atravesados por agresiones físicas y psicológicas.
La mujer aseguró que sus hijos eran víctimas constantes de violencia y mencionó que el más pequeño recibía golpes con los puños y un cinturón, además de sufrir castigos extremos como permanecer de rodillas durante horas frente a una pared. Para respaldar su testimonio, aportó fotografías y certificados médicos que acreditan lesiones compatibles con lo denunciado.

Maltratos y amenazas de muerte
En la presentación también expuso que era sometida a amenazas permanentes, al punto de que su pareja llegó a advertir que, si denunciaba la situación, “mataría a los niños arrojándolos a un pozo ciego”. El hecho que precipitó la denuncia ocurrió cuando el acusado retiró a su hijo de la escuela y, al regresar al domicilio, reaccionó violentamente: lo tomó en brazos y lo lanzó contra una ventana que daba al patio. Tras discutir con él e intentar contener la situación, la madre se animó a relatar lo sucedido a las docentes de su hijo más pequeño al retirarlo del jardín, lo que derivó en la inmediata activación del protocolo de protección y la intervención de las autoridades.
Actuaciones de la Justicia
La Justicia de Santa Cruz resolvió la exclusión del hogar del acusado, le prohibió acercarse a la mujer y a sus hijos, y dispuso una consigna policial permanente en la vivienda familiar para garantizar la seguridad de las víctimas. Además, el hombre debió fijar domicilio legal en el marco de la causa mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La joven reveló que ya había denunciado a su pareja tres años atrás, aunque aquella causa no prosperó. Esta vez, la reiteración de los hechos violentos y las amenazas contra la vida de los niños delinearon un cuadro de alto riesgo que quedó asentado en la Justicia.
El caso generó profunda preocupación en la comunidad educativa y en los organismos locales de protección de la niñez y la mujer, que comenzaron a brindar acompañamiento integral a la madre y a los menores.














