La Seccional Segunda de Puerto Madryn quedó sin detenidos luego del traslado de las 29 personas que permanecían alojadas en sus instalaciones, en el marco de un plan de mantenimiento y reacondicionamiento del edificio que comenzará esta semana.
El comisario mayor Diego Williams, jefe de la Unidad Regional, confirmó que el traslado fue realizado con autorización de la Oficina Judicial y explicó que los detenidos fueron distribuidos entre distintas dependencias de la ciudad y de Trelew.
“Nosotros teníamos 29 detenidos en esa dependencia, que ya fueron trasladados en su totalidad”, señaló Williams.
La decisión responde a trabajos que ya estaban previstos, particularmente en el sector destinado al alojamiento de detenidos. Según pudo reconstruirse, uno de los principales problemas es el deterioro estructural del piso de la dependencia, que durante las últimas semanas comenzó a hundirse de manera notoria.
Se trata de una problemática de larga data sobre la que se habían realizado reparaciones parciales, aunque el deterioro se habría profundizado durante el último mes y medio.
El operativo para retirar a los detenidos se desarrolló entre el 26 y el 27 de agosto, con participación de personal de fuerzas especiales y efectivos de la Policía convencional.
El objetivo fue concretar los movimientos de manera coordinada y garantizar la seguridad tanto de los detenidos como del personal interviniente.
Williams explicó que algunos de los alojados dependían judicialmente de Madryn y otros de Trelew, por lo que la distribución se realizó entre distintas dependencias policiales de ambas ciudades.
La Seccional Segunda, mientras tanto, continúa funcionando con normalidad para trámites administrativos, recepción de denuncias y exposiciones, aunque sin personas privadas de su libertad.
El jefe de la Unidad Regional señaló que todavía no existe un plazo definitivo para completar las tareas, ya que dependerá del avance de los trabajos una vez iniciados.
Sin embargo, estimó que las obras no demandarán menos de un mes. Otras estimaciones vinculadas al operativo y al estado de la infraestructura ubican el plazo total en torno a los dos meses.
