La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó la sentencia que obliga a los padres de una niña de 5 años a garantizar su asistencia a una institución educativa reconocida por el Estado y rechazó el recurso presentado por la familia para sostener un sistema de educación en el hogar (homeschooling) mediante una plataforma extranjera no homologada.
La resolución, firmada por los jueces Guillermo Hansen y Heraldo Fiordelisi, ratificó en todos sus términos el fallo de primera instancia dictado por la jueza de Familia Mariela Panigadi. El tribunal consideró que la educación formal presencial debe prevalecer frente a una modalidad alternativa que no cuenta con reconocimiento oficial, en el marco de la normativa vigente en Chubut.
El expediente se inició a fines de 2025, luego de que un establecimiento de nivel inicial de Puerto Madryn advirtiera que la niña había dejado de concurrir al jardín desde junio de ese año. La institución acudió a la Asesoría de Familia al considerar que la interrupción de la escolaridad podía vulnerar el derecho de la menor a la educación.
Al ser consultados, los progenitores explicaron que habían decidido retirar a su hija del jardín por desacuerdos con la dinámica escolar, la rotación de docentes y episodios de llanto que, según señalaron, se habían presentado después del receso invernal. Como alternativa, manifestaron que continuarían su formación en el hogar a través de un portal educativo vinculado con una institución extranjera.
Sin embargo, el Ministerio de Educación de Chubut informó que la niña no estaba matriculada en ninguna institución oficialmente reconocida por la provincia. Esa circunstancia dio impulso a la intervención judicial para garantizar su derecho a la educación.
Los argumentos de la familia y la obligatoriedad escolar
Durante el proceso, los padres sostuvieron que su decisión estaba amparada por el derecho constitucional de enseñar y aprender, establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y por la libertad de los progenitores para elegir la educación de sus hijos, reconocida en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
No obstante, la jueza Panigadi ordenó que la niña fuera incorporada de inmediato a una institución educativa reconocida por el Estado. La decisión se apoyó en el marco normativo nacional y provincial, que establece la obligatoriedad de la escolarización desde los cuatro años hasta la finalización de la educación secundaria.
El fallo también señaló las restricciones que la legislación vigente impone a la educación a distancia: según los fundamentos de la sentencia, esa modalidad está contemplada principalmente para jóvenes y adultos mayores de 18 años y, de manera excepcional, para determinados trayectos de la educación secundaria rural.
En ese contexto, la resolución sostuvo que los padres no pueden reemplazar unilateralmente la escolarización formal por una alternativa privada que no esté reconocida ni supervisada por las autoridades educativas.
El peso de la socialización y el interés superior de la niña
Uno de los ejes centrales de la decisión fue el interés superior del niño. Para los magistrados, la facultad de los padres de intervenir en la educación de sus hijos implica también una responsabilidad orientada a garantizar su desarrollo integral, y no constituye una prerrogativa ilimitada.
A partir de las evaluaciones del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y de las pericias psicopedagógicas, la sentencia destacó la importancia de la asistencia presencial para el desarrollo psicomadurativo de la menor.
Entre los aspectos considerados se encuentran la socialización con otros niños, el aprendizaje entre pares, la incorporación de normas de convivencia y el contacto con distintas perspectivas. Según los fundamentos judiciales, la escuela constituye un espacio central para el desarrollo de habilidades sociales que no se limita a la adquisición de contenidos académicos.
Los informes técnicos también advirtieron sobre los riesgos de una dinámica de alta dependencia cuando la enseñanza queda exclusivamente a cargo de la madre en el hogar. Además, señalaron que interrumpir la asistencia escolar ante las primeras dificultades puede trasladar a la niña la responsabilidad de afrontar situaciones que requieren acompañamiento adulto.
La Cámara escuchó a la niña y confirmó que estaba integrada al jardín
Al analizar la apelación, los jueces también evaluaron el derecho de la menor a ser escuchada. El fallo recordó que, según el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la opinión de los niños no constituye una formalidad procesal: debe ser considerada de acuerdo con su edad y grado de madurez.
En este caso, la Cámara indicó que esa garantía se cumplió durante una audiencia realizada en junio de este año. Allí, la niña manifestó que estaba asistiendo al jardín y que le gustaba concurrir.
Los magistrados aclararon que, por su edad, esa expresión no podía interpretarse como una decisión autónoma sobre el sistema educativo que debía seguir. Sin embargo, remarcaron que su opinión tampoco podía ser ignorada al momento de resolver el conflicto.
Otro elemento relevante fue que, durante la audiencia, los propios progenitores reconocieron que la menor concurría al jardín y que no presentaba dificultades para socializar con otros niños ni se negaba a asistir. Esa información, según el fallo, también fue respaldada por un informe de la institución educativa.
Los padres habían argumentado en su apelación que la escolarización presencial le generaba angustia, dificultades de adaptación y perjuicios emocionales. Sin embargo, la Cámara consideró que los elementos incorporados al expediente no justificaban interrumpir nuevamente su trayectoria escolar.
En esa línea, los jueces concluyeron que la niña estaba integrada a una institución educativa, asistía sin resistencia y había expresado que le gustaba hacerlo. Por ese motivo, entendieron que volver a retirarla del jardín para imponer exclusivamente la modalidad elegida por sus padres no era la alternativa que mejor protegía su interés superior.
