El diputado nacional Juan Pablo Luque, junto a Guillermo Michel, presentó un proyecto de ley para incorporar la pesca ilegal al Código Penal y establecer penas de prisión para quienes realicen actividades que afecten los recursos pesqueros, el ambiente y la soberanía argentina sobre el Mar Argentino.
La iniciativa propone que las conductas más graves vinculadas a la pesca ilegal dejen de ser consideradas únicamente infracciones administrativas y pasen a tener consecuencias penales cuando provoquen daños significativos sobre los recursos naturales o vulneren los controles del Estado.
“Durante años permitimos que muchos actores depreden nuestro mar sin tener consecuencias acordes. Cuando se depreda el Mar Argentino, se destruye empleo, se compromete el futuro de nuestras comunidades costeras y se atenta contra recursos que pertenecen a todos los argentinos”, sostuvo Luque.
El proyecto contempla penas de prisión para quienes pesquen en períodos de veda, capturen especies protegidas, operen en zonas restringidas por razones de conservación, utilicen métodos prohibidos o oculten capturas para evadir controles. También incorpora agravantes cuando se trate de especies amenazadas, áreas protegidas, el uso de explosivos o sustancias tóxicas, la participación de funcionarios públicos o embarcaciones extranjeras que operen sin autorización en aguas argentinas.
Además, la propuesta amplía la responsabilidad a toda la cadena económica vinculada a estas prácticas. De esta manera, también podrían ser sancionados quienes compren, transporten, almacenen, industrialicen o comercialicen productos provenientes de la pesca ilegal con conocimiento de su origen, así como las empresas que obtengan beneficios de estas actividades.
“La pesca ilegal no empieza ni termina en un barco. Existe una cadena económica que financia, encubre y obtiene ganancias de estas actividades. Si queremos combatir seriamente este problema debemos perseguir toda la estructura y no solamente al último eslabón”, afirmó el legislador.
Para Luque, la defensa de los recursos marítimos debe ser una política estratégica para el país y especialmente para la Patagonia, donde la actividad pesquera representa una fuente clave de empleo y desarrollo económico.
“No estamos hablando solamente de peces. Estamos hablando de soberanía, de trabajo argentino, de desarrollo productivo y de la obligación de preservar recursos que son patrimonio de las próximas generaciones. Quien saquea el Mar Argentino debe saber que ya no enfrentará solamente una multa: enfrentará a la Justicia penal”, concluyó.
